Desde que surgió el internet, ha sido necesario implementar medidas para proteger la información que allí se maneja. Sin embargo, en los últimos años, y en gran parte debido a la transición acelerada al trabajo remoto, hemos tenido un incremento dramático en la cantidad de amenazas y ataques a los sistemas de información del gobierno de Puerto Rico.
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Para que tengan una idea, el gobierno sufrió 753.2 millones de amenazas de ataques cibernéticos durante el 2022 en comparación con los 13.7 millones de intentos reportados el año anterior. Esto representa un alza de 550% de un año a otro, y los indicadores apuntan a que esta tendencia continuará aumentando.
Desde la declaración del COVID-19 como pandemia y la implementación acelerada del trabajo a distancia, donde las empresas y los gobiernos se vieron obligadas a establecer nuevas medidas de seguridad cibernética fuera de sus oficinas, la ciberseguridad ha tomado relevancia en organizaciones públicas y privadas y en la vida diaria de las personas. Por ello, es de vital importancia insistir en una política pública de ciberseguridad, pues es la manera más efectiva de proteger los sistemas de información del gobierno, así como la información privada de nuestros ciudadanos de los llamados hackers o piratas informáticos.
A pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno, se han suscitado ataques cibernéticos serios contra servicios públicos, siendo el ataque a los sistemas de AutoExpreso, el Senado y la UPR de los casos recientes más sonados. El Proyecto de la Cámara 1530 de mi autoría, y del cual ya celebramos vistas públicas, busca crear la Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Con este proyecto, buscamos establecer una política de ciberseguridad que propicie y fomente el desarrollo económico en un ambiente seguro y confiable, apoyada por una gestión pública asertiva con asignación de recursos financieros y el capital humano calificado para llevarla a cabo.
El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de servir de escudo para proteger la información de sus ciudadanos y que estos se sientan seguros en el mundo digital. Puerto Rico no está suficientemente preparado para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio y con este proyecto lo vamos a lograr. Encaminar esta legislación es el primer paso para el gobierno del futuro.