El escándalo del puente atirantado solo es el último ejemplo de cuan temerario se puede ser en las altas esferas del Gobierno cuando se mezcla su manejo con el interés político electoral y/o la mediocridad. También nos ha mostrado, de nuevo, cómo la indiferencia o encubrimiento de administraciones posteriores exponen a las maltrechas finanzas públicas a seguir sufriendo erosión, así como al pueblo seguir soportando actos de corrupción y/o negligentes porque NO HAY CONSECUENCIAS. Me luce que este escándalo de grandes proporciones quedará impune.
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Este puente se inauguró el 24 de octubre de 2008, once días antes de las elecciones. No obstante, según información publicada, la culminación e inauguración estaba prevista para el año 2009. ¿Porqué se adelantó para, casualmente, días antes de las elecciones? Usted y yo sabemos.
El 23 de octubre, un día antes de la inauguración, NotiUno 630 publicó un documento interno de la Autoridad de Carreteras en las que se advertía que el puente no estaba listo para ser inaugurado y que el mismo tenía desperfectos que podían poner en peligro a los conductores. La información fue recogida por distintos medios de comunicación. Era prácticamente imposible que el gobernador de ese entonces, Aníbal Acevedo Vilá, no tuviera conocimiento de esa información. Tampoco su entonces secretario DTOP, el ingeniero Carlos González Miranda, quien no ha querido reaccionar a todo este escándalo… ¿Por qué con una carta que advertía peligro siguieron adelante y expusieron a la ciudadanía? Es increíble.
De hecho, cuando la información de la carta trascendió, el entonces representante Rafael “June” Rivera realizó una conferencia de prensa en el área del puente y hasta allí llegó el alcalde de Comerío, Josian Santiago, en defensa del exgobernador Acevedo Vilá, a reclamarle al legislador que la información era falsa y a acusarlo de estar politiqueando. Contrario a aquel momento, Santiago reclama hoy que se adjudiquen responsabilidades por la chapucería construida.
En aquel entonces, yo vivía cerca del puente. Transité por la vía días después de la inauguración y eran notable las ondulaciones. ¿Que nadie se percató en el gobierno? No es creíble. Eventualmente, empeoró la situación, por lo que cerraron la vía y, en mi opinión, hoy es una de las obras gubernamentales de infraestructura más chapucera que he visto. ¡31 millones de tumbe! Y digo tumbe en el estricto sentido de que se pagó por algo que, con todos los desperfectos que han trascendido, no lo valía. Si cotizaron $25 millones y luego aumentaron a $31 millones, ese valor era por una obra funcional, no por un monumento a la mediocridad.
¿Quiénes deben hablar?
Los primeros deben ser los que construyeron el puente, Las Piedras Construction. Probablemente, apostando a que esto terminará en el olvido, no han querido hablar con ningún medio, pero son ellos los principales responsables de lo que se construyó y cómo se construyó. Quienes estaban allí construyendo eran los ingenieros y obreros contratados por Las Piedras Construction. Eso no quita la responsabilidad del Estado y las firmas contratadas para supervisar y certificar, pero el principal responsable y quien debe hablar y defender su trabajo, si es que se puede defender, es esta empresa.
El exsecretario González Miranda es otro que debe dar alguna explicación. El hoy decano de la escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica ha brillado por su ausencia en los medios.
Finalmente, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, elegido por los puertorriqueños, incluyendo los que viven en esa área y que se supone se servirían del puente, debe dar mayores explicaciones. Enviar un video o unas declaraciones escritas insinuando que eso fue obra de Sila Calderón y quizás Pedro Rosselló es zapatearse de su responsabilidad. Ese video no contesta preguntas importantes. Bueno, quizás es lo que quiere evitar.
Como menciono, en Puerto Rico no hay consecuencias con el despilfarro de dinero en obras inservibles. A pasos del Puente Atirantado hay un coliseo que es otro monumento a la mediocridad gubernamental y que recuerda a todo el que pasa por allí que en el gobierno hay licencia para botar dinero con cierto nivel de garantía de que las administraciones venideras mirarán para el lado esperando que les paguen sus despilfarros con esa misma moneda.
El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó inicialmente, el miércoles de la semana pasada, de manera tímida: “Aquí puede haber responsabilidad compartida. Esto es un asunto bien complejo. No es tan fácil como decir [que] la responsabilidad la tiene el contratista o los funcionarios de gobierno debieron haber tomado otra decisión”. Dos días más tarde, Pierluisi indicó: “En cuanto al asunto del puente Atirantado, quiero dejar claro que, al igual que lo expresé anteriormente, pienso que la Oficina de la Contralora debe examinar tanto la contratación como la ejecución de esa obra y hacer los hallazgos y señalamientos que correspondan”. No fue hasta el pasado martes que se anunció que el Departamento de Justicia designaría un fiscal para investigar junto a la Oficina de la Contralora.
La información del anormal puente venía publicándose desde hace semanas, y lo que ocurrió al final con el Departamento de Justicia es lo primero que debió presentar el gobernador Pierluisi como una medida proactiva y no reaccionaria a la presión pública. Señores, si esta información no se levanta como se levantó por la prensa, los medios y la ciudadanía, aquí pasa nada.
El pueblo está harto de la filosofía “agua pasada no mueve molino” de los gobernadores, incluyendo al actual. Lo otro es lo tímida que han reaccionado las mayorías en la asamblea legislativa, que para LUMA “se comen los nenes crudos”, pero para lo que toca y parece embarrar también a los suyos, miran para el lado así le hayan tumbado los clavos de la cruz al pueblo en obras inservibles.