Cuando uno creía haberlo visto casi todo durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced pareció salir gritando “hold my beer”.
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Hago referencia del exgobernador Acevedo Vilá, específicamente, por ser el primer gobernador en ser acusado por corrupción a nivel federal. Aunque todos los acusados junto a él se declararon culpables, eventualmente él fue declarado no culpable de los cargos de forma unánime por un jurado, junto a la coacusada Luisa Inclán Bird.
Wanda Vázquez no ha salido de una controversia para estar en otra, incluyendo ser la segunda figura en ostentar el mayor poder en Puerto Rico y luego ser acusada a nivel federal por corrupción. La lista de controversias es larga, pero la última la sacó del parque.
La semana pasada surgieron denuncias de que pudo haber estado involucrada o al menos al tanto de una potencial obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato del joven intérprete de música urbana Kevin Fret, quien fue ejecutado a tiros en enero del 2019. La fiscal del caso, la licenciada Betzaida Quiñones, aseguró que la ex jefa de fiscales Olga Castellón obstaculizó la investigación del crimen al impedir que Quiñones entrevistara potenciales testigos y al ordenar directamente detener la investigación en un momento de mucha importancia en su desarrollo.
La fiscal no acusa directamente a Vázquez de ordenar la paralización de la investigación, asegurando que la instrucción vino de la aún fiscal federal Castellón. Sobre Wanda Vázquez, alega que entiende debía estar al tanto de la obstrucción porque era la jefa de Castellón y, al ser un caso de alto perfil por el interés público generado, pues la ex secretaria de Justicia debía ser informada de todo lo que ocurría.
El lunes pasado, una semana después de la denuncia, Wanda Vázquez expresó que la imputación o insinuación de que obstruyó la investigación es falsa. ¿No podía decir lo mismo la semana pasada cuando transcendió el escándalo? La exgobernadora fue más allá al apoyar la investigación de estas denuncias y solicitar que, una vez culminadas, con la seguridad de que saldrá bien, se tomen acciones contra la fiscal Betzaida Quiñones.
Este caso es un escándalo que ha crecido y seguirá creciendo como una bola de nieve. No hay forma de que esto termine bien, y el Departamento de Justicia saldrá herido por las costillas.
Aquí hay tres figuras centrales, que son la fiscal que hace la denuncia y las dos funcionarias denunciadas. Este caso y sus vertientes está lleno de especulaciones, pero, en mi opinión, lo medular es analizar qué motivaciones hay de un lado y otro para tratar de entender algo. No obstante, hay que reconocer que cualquier análisis sobre dichas motivaciones caen dentro del campo de la especulación.
¿Qué motivo pudo tener el asesinato de Kevin Fret? Hasta el momento, el único discutido, o al menos con mayor exposición, es el de que la víctima tenía en su poder un video sexual del también intérprete urbano Ozuna, y que éste último era extorsionado por Fret con frecuencia para no hacer públicas las imágenes. La fiscal Quiñones señala que la etapa más crítica de la investigación fue cuando tocaron figuras públicas que eran parte de la investigación, y que es en ese momento donde se ordena detenerla. Fuera de Kevin Fret, la otra figura pública mencionada que recuerdo fue Ozuna. En otras palabras, cuando se menciona a Ozuna, la alta cúpula del Departamento de Justicia ordena detener la investigación.
¿Qué motivo podía tener el gobierno para detener la investigación cuando tocaron o mencionaron a Ozuna? El 5 de enero del 2019, 6 días antes del asesinato de Kevin Fret, Ozuna participó junto al entonces gobernador Ricardo Rosselló de una actividad relacionada al Día de Reyes en el área de Bahía Urbana. No creo ni digo que el exgobernador Rosselló tenga que ver con esto pero, si es cierto que hubo una orden de detener la investigación, ¿alguien en el equipo del mandatario habría tomado alguna iniciativa para influenciarla? ¿Habría sido una iniciativa de Justicia para que no se afectase una candidatura? En enero del 2019, Ricardo Rosselló era candidato a la reelección y un escándalo de tal magnitud, si eventualmente la investigación apuntaba o terminaba en Ozuna, podría ser un elemento para ser explotado políticamente hablando. Si hay algún otro motivo por el que el gobierno intentara descarrilar la investigación, pues lo desconozco, pero, a la luz de lo trascendido públicamente, por el momento, es un posible ángulo.
¿Qué motivo tiene la fiscal Quiñones para hacer estas denuncias en este momento? Esa es otra pregunta válida. Independientemente del motivo, hay que ser valiente para salir públicamente a denunciar un escándalo como este. La fiscal Quiñones tiene 20 años trabajando en el gobierno y conoce las repercusiones que ya tiene y que tendrá su acción sobre la agencia y sus compañeros fiscales, así como las consecuencias que tendría sobre ella el decir algo que no pueda probar. Indicó que está documentada. En su día se sabrá cuán sólido es lo que sostiene.
Podría entender el temor de salir públicamente a hacer sus denuncias mientras Wanda Vázquez era Secretaria y luego gobernadora. No la pasaría nada bien y las probabilidades de una persecución en su contra serían casi seguras. No obstante, desde enero del 2021, Vázquez no ostenta ningún poder, todo lo contrario, ha ido de mal en peor. ¿Pudieron darse estas denuncias en verano del 2021, febrero del 2022, en julio pasado? No veo por qué no. Estas denuncias se hacen 3 meses después de una acusación federal contra la exmandataria y, sin duda, este escándalo puede incidir en una determinación de un jurado. Por más que digan que el juez se asegura de que un jurado decida en estricto derecho, no tiene control de la mente de los 12 miembros de un jurado.
Tengo la impresión de que el caso de Kevin Fret no es el único que provocó diferencias entre la fiscal Quiñones, Castellón y Vázquez Garced, pero sí podría ser con el que más preparado esté la fiscal para sostener una denuncia tan seria.
Este caso podría ser el mayor escándalo, no solo en el Departamento de Justicia, sino en el gobierno de Puerto Rico. Obstruir la justicia para que no se esclarezca un asesinato, si fuera cierto, es lo más bajo que podría caer una agencia tan importante como el Departamento de Justicia, y el mero cuestionamiento en este caso ya es una mancha que no borrará.