Si todo madura como pinta, usted, yo y todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica/ Luma Energy tendremos que pagar $23 mensuales adicionales cada mes en su factura. Por cincuenta años o hasta que el cuerpo aguante. Haga los números. Si usted paga, digamos, $60 al mes por su consumo de energía eléctrica, en lo sucesivo pagaría $83 y ese aumento ira a parar al bolsillo de los acreedores no asegurados de esa corporación pública.
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Lo anterior aún no es un hecho, pero es una enorme posibilidad que se desprende del proceso de mediación en el que participan los acreedores (a quienes la Autoridad de Energía Eléctrica les debe dinero) y Puerto Rico, representado por la Junta de Control Fiscal. O el Congreso de Estados Unidos, que a la sazón es la misma cosa.
La información saltó a la atención pública el lunes en medio del programa “Dígame la verdad” que conduce la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320. Poco después la Junta intento desmentir el asunto. Pero los hechos no se lo permitieron.
Todo se desprende del proceso de negociación que, en su más reciente etapa, no prosperó ante la falta de acuerdos entre los bonistas y el Gobierno de Puerto Rico el pasado 16 de septiembre. Por ello, en breve se retomará el proceso de negociación. Hasta el 16 de septiembre, los acreedores proponían que los abonados pagáramos $26 mensuales por 50 años, en respuesta a la propuesta de la Junta que puso la mesa la cifra de $23. Los portavoces de la Junta han querido dejar claro que esa cantidad no es final y firme. Sin embargo, si la Junta no retira la propuesta de la mesa, entonces ese cargo será la postura oficial de la Isla.
Saber de esa posibilidad representa un enorme contratiempo. Un dolor de cabeza adicional para una población para la que aquello de estirar el peso o ajustar el bolsillo ya representa poco más que una encomienda de ciencia ficción. Ya son más de 10 los años en los que los ciudadanos han tenido que estirar el peso para sacarle millaje a lo que queda en el bolsillo.
Diversas voces han establecido que por tratarse de bonistas no asegurados, si la Junta quisiera podría obtener mejores condiciones para la isla. Pero hasta este punto su postura se alinea a los $23 mensuales por 50 años. Usted y sus nietos tendrán que pagar.
La sola idea de un cargo adicional es poco más que una pesadilla, precisamente para los miles que a diario enfrentan el empuje del costo de vida a nivel local. Es mismo costo que ha traído un alza en el costo de los alimentos, una disminución en el acceso a servicios de salud y una disminución en el poder adquisitivo de la clase media. Tanta es esa reducción que según recientes análisis económicos, una pareja cuyos integrantes ganen cada uno $25 mil anuales no tendrán la capacidad para adquirir una vivienda bajo las condiciones actuales. A eso súmese la cada vez menor capacidad del Estado de ofrecer una vida digna. El propio proceso de quiebra que vivimos ya compromete al Gobierno a separar $1,300 millones anuales para el pago de una parte de la deuda y $2,000 millones para el pago de las pensiones, sin contar con el hecho de que aún quedan acuerdos por negociar que podrían añadir más carga a nuestros bolsillo para poder pagar a acreedores. Es la tormenta perfecta.
Y luego dicen que no estamos sentando las bases para que más y más ciudadanos piensen en irse de la isla. A fin de cuentas es algo así como un despido constructivo en el que el patrono no te saca pero hace todo lo necesario para decidas renunciar. Aquí las condiciones están servidas para que miles sigan decidiendo salir del país, solitos. Nadie nos bota pero para muchos no queda más remedio que marcharse. La pregunta es si le importa a alguien en posición de tomar decisiones.