Por más de una década, los oficiales correccionales no han tenido un aumento justo, lo que ha provocado escasez de personal y puestos vacantes en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Hace algunos meses, el gobierno y la Junta anunciaron un aumento de 500 dólares mensuales a partir de julio de 2022, que sería sufragado con fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). Además de esto, también se anunció que para el mes de enero de 2023, habrá otro aumento de 5% adicional, pero condicionado a que el DCR cumpla unos requisitos. Sin embargo, los fondos ARPA no son recurrentes, por lo que en algún momento estos servidores públicos volverían a tener el mismo problema.
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Actualmente existen oficiales correccionales que doblan turnos (hasta 14 horas) varias veces en la semana. Para colmo, no les llega el pago de horas extras. Esta falta de personal provoca puestos vacíos en todas las áreas, lo que afecta directamente las garantías mínimas de seguridad en las instituciones y hace imposible que exista ambiente para que la población penal se rehabilite. Las carencias del sistema impiden que el estado cumpla con su misión de rehabilitar a la mayor cantidad de confinados posible, pues no hay recursos para ofrecer de manera eficiente los servicios que se le provean a la población correccional.
El Proyecto del Senado 459, del compañero senador Ramoncito Ruiz, establece por mandato de ley un salario base para los oficiales correccionales y del Programa de Instituciones Juveniles de 2,350 dólares, además de otorgarles un aumento mensual de 746 dólares para retener estos oficiales que hoy están sufriendo la falta de recursos y como incentivo para reclutar los nuevos oficiales que tanta falta le hacen al sistema. Mi llamado es a hacer realidad el reclamo de miles de oficiales correccionales, que se juegan la vida todos los días desde que ponchan su entrada, para tener un salario digno. Aprobar este proyecto es lo correcto. El PS 459 se aprobó en Cámara y Senado y está ante la consideración del Gobernador. Si no lo firma, le da la espalda a estos servidores públicos y a la rehabilitación de nuestro país. Si al usted leer esta columna ya lo firmó, habrá hecho lo correcto.
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