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Desde que la filtración de un borrador de una opinión a ser emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del mes pasado reveló que los jueces estaban a punto de revocar Roe vs. Wade, la decisión que garantizaba el derecho al aborto en toda la nación, la atención se ha centrado en qué otros derechos podrían estar en peligro.
Mientras se celebra el Mes del Orgullo (Pride Month) de este año muchos estadounidenses de la comunidad LGBTQ se preocupan por la seguridad de sus derechos, comenzando con el matrimonio igualitario a favor del cual el Tribunal Supremo falló hace siete años.
Es imposible determinar hasta dónde llegarán los jueces conservadores, cada vez más audaces, para repudiar medio siglo de decisiones del Tribunal Supremo con respecto al derecho a la privacidad personal. Pero los jueces, incluso los activistas, operan bajo una serie de restricciones —institucionales, legales y políticas— que imponen ciertos límites.
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La opinión pública puede desempeñar un papel importante en esas limitaciones.
Durante la última generación, EE. UU. ha experimentado un cambio notable en la opinión pública sobre los derechos de las personas LGBTQ. En 1996, Gallup encontró que solo el 27% de los estadounidenses estaban a favor de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo como legalmente iguales. Desde entonces, el apoyo al matrimonio igualitario ha crecido año tras año, en un promedio de entre uno y dos puntos porcentuales. Eso suena pequeño, pero suma. Este año, cuando Gallup publicó su última actualización, el apoyo a la igualdad de derechos en el matrimonio se reflejó en un 71 %.
En particular, el apoyo mayoritario a la igualdad en el matrimonio se produjo antes de la decisión de la Corte Suprema, Obergefell vs. Hodges, que consolidó el derecho en toda la nación. Cuando el tribunal falló a favor de legalizar el matrimonio igualitario, aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses ya apoyaban la igualdad legal.
De manera similar, las encuestas mostraron un fuerte apoyo a las leyes para proteger a los estadounidenses LGBTQ contra el dicrimen mucho antes de que el tribunal dictaminara en 2020 que la ley federal de derechos civiles protege a los ciudadanos LGBTQ del discrimen laboral. Ese fallo de 6-3 no afectó otras formas de discriminación, que siguen siendo legales en muchos estados, especialmente en el sur y el medio oeste de la nación.
Casi 8 de cada 10 estadounidenses ahora respaldan leyes para proteger a las personas LGBTQ contra el discrimen en el trabajo, la vivienda y los lugares públicos, según una encuesta publicada a principios de este año por el Public Religion Research Institute. El 41% apoya firmemente las leyes contra el discrimen, en comparación con el 20% que se opone a ellas.
El cambio constante de la opinión pública sobre el matrimonio igualitario difiere marcadamente de la opinión pública sobre el aborto. A pesar de algunas fluctuaciones de un año a otro, la opinión de los EE. UU. sobre el aborto ha cambiado muy poco durante décadas: aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses apoyan que los abortos sean legales la mayor parte del tiempo, pero la mayoría también apoya una variedad de restricciones, según el Centro de Investigación Pew. Alrededor de 4 de cada 10 piensan que los abortos en su mayoría deberían ser ilegales, incluido un poco menos de 1 de cada 10 que quiere que se prohíban por completo.
¿Cómo podría afectar al Tribunal Supremo el cambio en la opinión pública sobre los derechos LGBTQ? La mayoría de la corte puede oponerse personalmente a Obergefell: tres de los jueces actuales disintieron cuando se decidió el caso, y los tres designados por el expresidente Trump pueden estar todos de acuerdo con esos disensos, pero la opinión pública limita lo que los jueces pueden hacer.
Lo más importante es que el Tribunal Supremo no puede emitir una opinión sin un caso ante su consideración. La forma más natural de que un caso llegue a los tribunales sería que un estado aprobara una ley que limitara los matrimonios de parejas del mismo sexo, de la misma manera que los estados han aprobado leyes para limitar los abortos. Una pareja cuyo matrimonio se vea afectado demandaría, y la controversia quedaría ante la consideración del sistema judicial.
En este momento, sin embargo, es difícil pensar que una legislatura estatal considere comenzar esa lucha. A diferencia del aborto, donde un movimiento bien organizado pasó gran parte del último medio siglo reuniendo apoyo para los esfuerzos por dar al traste con Roe vs. Wade, no hay mucha fuerza política que busque revertir Obergefell.
Eso podría cambiar (algunos funcionarios electos republicanos han seguido criticando la decisión) y es posible que un caso llegue a los tribunales de otra manera que no sea una nueva ley, pero cuanto más cambie la opinión pública, menos probable será esa posibilidad.
