La transparencia gubernamental no puede ser un estribillo de campaña. Esta misma semana, luego de la crisis energética que vivió el país ante su incompetencia de ofrecer un servicio de calidad, hemos visto como el consorcio LUMA Energy se negó a proveer información detallada sobre los trabajos de mantenimiento realizados a los interruptores de la Central Costa Sur. La vicepresidenta del consorcio LUMA indicó que proveer el expediente o la cronología de mantenimiento sacaría de contexto la situación ocurrida que dejó al país entero sin energía eléctrica. Esta información, independientemente esté en manos de un tercero custodio, es información pública y LUMA o cualquier contratista del gobierno tiene la obligación hacerla disponible para el público que la reclame.
Por situaciones como esta es que tomamos acción, desde agosto del pasado año y en conjunto con varias organizaciones, para trabajar el tema de transparencia gubernamental. Lo hicimos en un novedoso formato entre la legislatura, el ejecutivo y ciudadanos y organizaciones expertos en el tema para fomentar la participación ciudadana. De esa manera discutimos los temas de manera participativa e integrada para producir un proyecto de ley que recoge todas las preocupaciones, sugerencias y observaciones obtenidas en términos de lo que debe ser una verdadera ley de transparencia gubernamental y su implementación.
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Como producto de este diálogo, el pasado 5 de abril radiqué junto a los compañeros representantes José Bernardo Márquez, Denis Márquez y José ‘Che’ Pérez como coautores el Proyecto de la Cámara 1303, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, y crea un nuevo marco legal que garantiza el acceso a información pública en Puerto Rico. De esta forma se promueven procesos transparentes y se combate verdaderamente la corrupción pública. En palabras simples, esta medida será la herramienta fundamental para que el pueblo fiscalice de manera sencilla los procesos gubernamentales.
Esta legislación extiende su aplicabilidad a todas las ramas de gobierno, incluyendo a las corporaciones públicas y los municipios. Además, esta ley aplica a terceros custodios de documentación pública, incluyendo a personas privadas que desempeñan funciones y servicios públicos y a todo ejercicio de administración pública o privada sufragada con fondos o recursos públicos. Con esto, el país tendrá las herramientas necesarias para la fiscalización de los asuntos públicos. Esta legislación marcará la nueva era en el acceso a la información pública.
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