Puerto Rico se ha convertido en el escenario de múltiples manifestaciones y protestas en los pasados días. Liderados por el magisterio, grupos de trabajadoras y trabajadores públicos de diversos sectores han salido a la calle para exigir un aumento en su salario, protección de su retiro y mejores condiciones laborales. Aunque la creciente indignación surge en el contexto de la reciente aprobación del plan de reestructuración de la deuda, es importante repasar la historia para entender lo que está sucediendo.
Hace unos años bajo el gobierno PNP y la absurda teoría de gigantismo gubernamental, se aprobó la Ley 7-2009 que dejó a miles de empleados públicos en la calle. Luego, bajo el gobierno del PPD se aprobó la Ley 66-2014 que redujo significativamente los beneficios de gran parte de los empleados públicos, congelando los convenios colectivos, los aumentos de sueldo y otros beneficios. Mientras se aprobaban estas leyes en detrimento de los servidores públicos, el costo de vida seguía en aumento, sus sueldos se mantenían estancados pero continuaba la exigencia para que siguieran realizando sus labores.
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Durante este cuatrienio, en vistas públicas de la Comisión de Gobierno, de una resolución de nuestra autoría (RC 198), el común denominador entre los jefes de agencias en sus ponencias era la escasez de empleados públicos y cómo ello provocaba que en muchas ocasiones éstos se vieran obligados a hacer labores para las que no daban abasto. Rojos y azules mutilaron el relevo generacional que sostenía el enfoque de servicio público mientras empeoraban las condiciones laborales de los trabajadores.
Recientemente marché con las maestras y maestros, solidario con su lucha por una justicia salarial y un retiro digno, pero también he recibido mensajes de todos los sectores laborales. Hace poco, me escribió una trabajadora solicitándome que visibilice la precariedad salarial de las y los trabajadores sociales. De igual forma, han surgido reclamos de empleados de la salud, de la Rama Judicial, en fin, de todo el gobierno.
No solo hay que hacer justicia salarial, como sociedad tenemos que reclutar trabajadores y compensarlos adecuada y dignamente. Para ello urge un gobierno con empatía, solidaridad y voluntad.
