Columna de Mariliana Torres: Afán de censura gubernamental
Una pila de violencia hacia los miembros de la prensa ha sido denunciada en el marco de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que…
Por Mariliana Torres @MarilianaTorres
Una pila de violencia hacia los miembros de la prensa ha sido denunciada en el marco de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que terminó justo ayer. A juzgar por los informes sometidos de los países miembros de la organización como entes periodísticos, lo que le deparó y le deparará a la prensa en lo que resta de este año y el próximo año electoral no es y será nada fácil debido a los controles que colocan diversos gobiernos para que los periodistas no puedan acceder a la información. La organización internacional que agrupa los medios de prensa ha sido justa en su apreciación sobre cuán punitivos han sido sus resoluciones distribuidas a los gobiernos que insisten en violar el derecho a la libertad de prensa. Se entiende que la divulgación del patrón de violaciones ocasionará más censuras y silencios. Pero los periodistas que siguen vivos y se han atrevido a seguir escribiendo sin miedo y denunciado la terrible situación procurarán que el mundo se entere de las atrocidades. Las amenazas y violaciones a la libertad de prensa conllevan el envío de una misión especial de miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa para lidiar seriamente con los problemas denunciados, los cuales son considerados una amenaza potencial a la libertad de prensa.
En la década de 1990, miembros de la organización visitaron Puerto Rico para investigar las denuncias sobre una doctrina de censura previa por parte de la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló. La SIP opinó que el gobernante había violado la Declaración de Chapultepec, que había firmado en 1994. Dicha enunciación establece, entre otros principios, que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad, por lo cual no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Transcurridos un poco más de 10 años en la asamblea que se celebró en Charleston, se volvieron a escuchar las denuncias de violaciones y asesinatos en el hemisferio para acallar las voces. Las últimas cifras indican que en lo que va de año han asesinado 47 periodistas, 143 han sido encarcelados, y ahora se suman 170 periodistas digitales tras las rejas.
Puerto Rico estableció en la asamblea, a través de los gremios que representan a los periodistas en la isla, que el país sufre la más devastadora crisis económica y fiscal de toda su historia, derivada de prácticas gubernamentales irresponsables y carentes de transparencia. Ese ambiente de inestabilidad e intolerancia, así como el miedo de personajes en el poder de que el pueblo conozca la mala administración, han ocasionado que la prensa libre una constante batalla para acceder a la información gubernamental. La SIP acogió la denuncia de los organismos de prensa de la isla que plantearon que la negativa a la entrega de información pública se ha convertido en un patrón de la administración gubernamental. Se divulgó la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que el Banco Gubernamental de Fomento y La Fortaleza entreguen la lista con los nombres de las empresas de fondos de cobertura que tienen deudas con el gobierno, así como información sobre las condiciones que han expresado estas firmas en cuanto a la renegociación de los términos de pago. De igual forma, se dio a conocer la demanda al gobierno para que entregue el informe comisionado a tres exejecutivos del Fondo Monetario Internacional, que ha servido de base al plan de reestructuración fiscal, propuesto por la administración de Alejandro García Padilla. Esas denuncias tienen su base en el compromiso que tiene la prensa por la verdad y el derecho que tienen los ciudadanos de conocer cómo se utiliza su dinero.
Es importante que esas denuncias no se queden en un manuscrito o una resolución, que, si bien es loable, hay que pedir que el gobierno honre la Declaración de Chapultepec. Es indispensable que el gobierno entienda que los medios de comunicación y los periodistas no deben ser discriminados por hacer su trabajo y mucho menos censurados por decir la verdad. Castigar a periodistas por la intolerancia del gobierno es inaceptable y más cuando se ha promulgado a los cuatro vientos la palabra transparencia.
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