Proponen instalar cámaras en habitaciones de hogares para adultos mayores

La medida crearía la “Ley de Monitoreo Electrónico Autorizado en Establecimientos para Adultos Mayores”, que reconocería a todo residente de un hogar o institución de cuido el derecho a instalar, a su costo y con su consentimiento, una cámara u otro dispositivo de monitoreo en su propia habitación.

“Nuestros adultos mayores en los hogares de cuido dependen por completo de terceros para comer, asearse, tomar sus medicamentos y estar seguros. El maltrato ocurre a puerta cerrada, sin testigos y contra personas que muchas veces no pueden contar lo que les pasa”, expresó Navarro Suárez.

El legislador fundamentó la propuesta en datos del Departamento de la Familia divulgados en junio de 2024, según los cuales 602 de los 937 establecimientos licenciados en la Isla, el 64%, estaban bajo investigación por alegado maltrato institucional. Citó, además, las 7,476 querellas que recibió la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, y los 15,245 referidos de maltrato a adultos mayores que recibió el Departamento de la Familia en 2025.

Según el proyecto, el monitoreo solo podría comenzar con el consentimiento escrito e informado del residente o, si este no puede decidir y no se ha opuesto, de su tutor, apoderado, cónyuge, hijos o hermanos, en ese orden. El compañero de habitación también tendría que consentir y podría condicionar o retirar su consentimiento en cualquier momento. Si no hay acuerdo, el establecimiento tendría que hacer un esfuerzo razonable por reubicar a uno de los dos.

El dispositivo tendría que colocarse en un lugar visible, y tanto la habitación como la entrada del establecimiento tendrían que estar rotuladas. El residente también tendría que notificar por escrito al hogar mediante un formulario que prepararía el Departamento de la Familia.

Las grabaciones pertenecerían al residente, solo podrían usarse para asuntos de salud, seguridad o bienestar de los residentes y serían admisibles como evidencia en procedimientos civiles, criminales y administrativos.

La medida prohibiría las represalias contra el residente o su familia por pedir, consentir o negarse al monitoreo, con multas de hasta $5,000 por violación y la posible suspensión o cancelación de la licencia del establecimiento. Manipular, desconectar o destruir un dispositivo o una grabación sin permiso del residente constituiría delito menos grave.

El proyecto aplicaría a las instituciones y hogares sustitutos licenciados por el Departamento de la Familia y a las casas de salud y facilidades de cuidado de larga duración licenciadas por el Departamento de Salud. Según Navarro Suárez, se basa en una ley de Illinois vigente desde 2016 y en esquemas similares de Texas, Oklahoma y otros estados.

“Las inspecciones del Gobierno son necesarias, pero son periódicas y anunciadas. Esta medida le devuelve a la familia puertorriqueña el poder de cuidar a los suyos las 24 horas del día”, sostuvo el representante.

Por su parte, el presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, advirtió que las cámaras podrían captar momentos que requieren privacidad, como los baños en cama, los cambios de pañal, la asistencia para vestirse y los procedimientos de enfermería.

“¿Estamos realmente protegiendo al adulto mayor cuando permitimos que personas fuera de la institución puedan observar remotamente estos momentos tan íntimos?”, cuestionó Morales Adorno, quien calificó la propuesta como un serio desacierto legislativo.

El portavoz de los operadores también preguntó “quién tendría acceso a las cámaras” y “quién supervisará a las personas que observan”, y cuestionó qué protección tendría el personal si su trabajo se grabara constantemente y las imágenes se difundieran, se sacaran de contexto o se utilizaran indebidamente.

La federación advirtió, además, que conectar equipos privados a internet fuera del control de la administración podría comprometer la seguridad de las instalaciones y dar a terceros acceso no autorizado a imágenes de los residentes y a las rutinas del personal.

“Los sistemas particulares de vigilancia afectarían el funcionamiento de los hogares, cuyas administraciones tendrían que responder por situaciones relacionadas con equipos que no controlan”, indicó Morales Adorno.

El presidente de FICPRO recomendó que, si una familia considera indispensable vigilar de forma permanente a su ser querido, evalúe alternativas como el cuido en su propio hogar, donde pueda establecer el sistema de monitoreo que prefiera. Sostuvo que la seguridad de los residentes depende de personal capacitado, supervisión efectiva, protocolos de atención y fiscalización gubernamental, no de una cámara en la habitación.

La federación exhortó a Navarro Suárez y a la Asamblea Legislativa “a escuchar a los residentes, sus familias, los operadores, los administradores, los profesionales y el personal de cuido antes de continuar el trámite legislativo”.