Junta rechaza alivio contributivo de Johnny Méndez a inversionistas españoles
Según la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobierno perdería $383,100 por cada 1% de dividendos que se acojan al beneficio, sin medidas que compensen la pérdida
La Junta de Supervisión Fiscal advirtió al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, que la ley federal PROMESA le impide a la Legislatura aprobar el Proyecto de la Cámara 952, que eximiría de las tasas contributivas ordinarias los dividendos pagados a residentes y empresas de España.
“A menos y hasta que se cumpla con los requisitos de la Sección 204(c) de PROMESA, PROMESA le impide a la Legislatura aprobar el Proyecto de Ley y este, de aprobarse, infringiría la Sección 204(c) de PROMESA”, sostuvo el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, en una carta enviada el miércoles.
La misiva responde a una petición del propio Méndez Núñez, quien el 19 de agosto solicitó una revisión preliminar de la medida para determinar si era consistente con el Plan Fiscal certificado de 2024 y con PROMESA.
La pieza legislativa enmendaría cuatro secciones del Código de Rentas Internas de 2011 relacionadas con las retenciones a individuos, corporaciones y sociedades extranjeros que no hacen negocios en Puerto Rico. En específico, eximiría de las tasas ordinarias los dividendos pagados a individuos no residentes con residencia permanente en España y a corporaciones españolas elegibles para los beneficios del Convenio de Doble Imposición entre Estados Unidos y el país europeo.
Según el documento, el propósito declarado del proyecto es armonizar las tasas del Código con las del convenio para aumentar la competitividad comercial de Puerto Rico.
“El Proyecto de Ley, según redactado, tendría un impacto fiscal negativo”, advirtió la Junta, al citar un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que determinó que, “por cada 1% de pagos de dividendos exentos para contribuyentes extranjeros, el Gobierno perdería un estimado de $383,100 en ingresos contributivos”.
“Sin embargo, el Proyecto de Ley no proporciona una medida para contrarrestar los costos de los beneficios contributivos expandidos”, señaló Mujica.
El funcionario recordó que el Plan Fiscal exige que cualquier cambio en la política contributiva sea neutral en términos de ingresos o fiscalmente responsable, por lo que toda reducción debe acompañarse de nuevos recaudos o recortes en el gasto de igual cuantía.
“Por consiguiente, el Proyecto de Ley, según redactado al momento, es inconsistente con el Plan Fiscal y con PROMESA”, concluyó.
La Junta añadió que cualquier modificación a la tributación de dividendos debería elaborarse dentro de una reforma contributiva integral, luego de analizar su impacto e identificar medidas que compensen la pérdida de recaudos.
El organismo también advirtió que, de convertirse en ley sin su autorización previa, la medida constituiría una reprogramación presupuestaria no autorizada. La Sección 204(c) de PROMESA impide a la Legislatura adoptar reprogramaciones hasta que la Junta certifique que no presentan inconsistencias con el Plan Fiscal ni con el presupuesto.
La Junta exhortó a la Legislatura a que, si las medidas del proyecto son una prioridad, trabaje con la Rama Ejecutiva y el organismo para elaborar una reforma contributiva integral que las incluya.
