Cámara refiere a Josué Colón y Mary Zapata por contrato con Power Expectations

El informe, firmado por el presidente de la comisión, el representante Víctor L. Parés Otero, se rinde al amparo de la Resolución de la Cámara 42 e incluye referidos a agencias estatales y federales, entre ellas el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

El contrato, firmado el 10 de junio de 2026 y valorado en unos $5,887 millones, buscaba añadir cerca de 400 megavatios de generación temporera mediante un consorcio que incluía a Power Expectations y a la empresa estadounidense Enchanted Rock. En agosto, la Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación al contrato luego de que Enchanted Rock afirmara que no formaba parte del proyecto y que su nombre y firma se utilizaron sin autorización.

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“El examen de la conducta de los funcionarios y contratistas a la luz del Código Anticorrupción y de la Ley de Ética Gubernamental revela, más que prueba de dolo, una cadena de omisiones y de decisiones apresuradas”, concluye la comisión.

Según el documento, hubo funcionarios que conocían la controversia y no se lo informaron a quien tenía que tomar la decisión. A su vez, quien tomó la decisión se basó en la recomendación de una entidad cuyo contrato estaba vencido y que no tenía toda la información. Además, asegura que nadie verificó si la persona que firmó el contrato tenía autoridad para hacerlo.

“Que la exposición del erario no se haya convertido en pérdida, porque el contrato fue terminado antes de que se efectuara pago alguno, no es mérito del diseño del proceso, sino de que la controversia salió a la luz por una consulta de prensa”, añade el documento.

En el caso de Colón Ortiz y Zapata Acosta, la comisión pide al Panel evaluar si procede una investigación preliminar por su conocimiento de la controversia, la omisión de informar a quien debía decidir y su consentimiento a la cesión del contrato.

La comisión también solicita al Panel examinar la desestimación de una querella el 11 de diciembre de 2025, que, según el informe, se archivó porque el contrato no se había firmado, “premisa que dejó de existir el 10 de junio de 2026”.

Además, la comisión refirió al Departamento de Justicia el testimonio que Colón Ortiz ofreció el 3 de septiembre de 2026, junto con copia certificada de las transcripciones, un chat grupal y el audio de una reunión del 21 de agosto de 2025, para que determine si procede una investigación al amparo del Artículo 269 del Código Penal. El informe aclara que el referido se hace sin prejuzgar la existencia de delito alguno.

En un segundo referido a Justicia, la comisión pide evaluar posibles falsificaciones del documento corporativo y de la identidad de Enchanted Rock, así como la conducta de la Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO, por sus siglas en inglés), operada por la empresa Regulatory Compliance Services, y de su presidente, el licenciado Osvaldo Carlo Linares.

Entre los señalamientos contra la 3PPO, el informe menciona que recomendó la sustitución de la empresa Flotek sin informar que había una revisión pendiente, que volvió a emitir el memorando de evaluación y que no le comunicó a la AEE ni a la Junta de Supervisión Fiscal las alegaciones sobre Enchanted Rock que conocía desde junio de 2026. También señala que reinició la competencia sin constancia de que estuviera aprobado y recomendó negociar con el proponente de menor puntuación.

La comisión pidió además a Justicia evaluar una acción civil por menoscabo del erario y una acción disciplinaria contra el licenciado Juan Ramón González Galarza, asesor legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.

Al FBI y a la Fiscalía Federal, la comisión les refirió la controversia sobre la autoridad de firma, el documento corporativo y la condena federal de un señor identificado como Weeks, entre otros asuntos, bajo el estatuto federal de fraude electrónico.

El informe precisa que el contrato preveía solicitar fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para los costos de interconexión, aunque la AEE informó a la Junta de Supervisión Fiscal que no se contemplaban. “Este referido no presupone que se hayan utilizado fondos federales ni se condiciona a esa confirmación”, aclara.

La comisión refirió también a la Oficina del Inspector General la gestión del proceso por la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la 3PPO. A la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor les pidió evaluar posibles conflictos de interés, contratos de servicios legales, gestiones de cabildeo y el registro del contrato por $5,886,720,000.

“La fiscalización rigurosa de la integridad de los procesos de contratación pública y la atención urgente a las necesidades de generación de energía del Pueblo de Puerto Rico no son objetivos en conflicto, sino obligaciones gubernamentales que deben, y pueden, atenderse simultáneamente”, sostiene la comisión.