Junta levanta bandera por propuesta de aumento en pensiones y deudas de Educación
El ente fiscal también señala convenios colectivos por más de $100 millones, horas extra en la Policía y el vencimiento de fondos de Medicaid, todo sin una fuente de financiamiento.
Por Metro Puerto Rico
La Junta de Supervisión Fiscal levantó bandera sobre un proyecto de ley para aumentar las pensiones, que costaría más de $230 millones anuales, y sobre la situación del Departamento de Educación, del que aseguran no tiene fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones actuales.
“Al mismo tiempo, se siguen proponiendo nuevos gastos recurrentes sin ninguna fuente recurrente para pagarlos”, sostuvo la Junta en una carta firmada por su director ejecutivo, Robert F. Mujica. La carta se envió el miércoles a la gobernadora Jenniffer González Colón, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
Según el ente fiscal, el proyecto de pensiones se radicó sin identificar una fuente de fondos recurrente, menos de dos meses después de que se certificara el presupuesto del año fiscal 2027.
En el caso de Educación, la Junta indicó que la agencia informó que no tiene dinero suficiente para pagar sus obligaciones actuales, mientras sigue identificando deudas de años anteriores que no se habían reportado y para las cuales no se separaron fondos.
El organismo añadió que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tiene ante su consideración varios convenios colectivos con aumentos salariales negociados, que en conjunto costarían más de $100 millones, también sin una fuente de fondos identificada.
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En el Negociado de la Policía, la Junta recordó que el Gobierno y el organismo aprobaron aumentos salariales con financiamiento recurrente en el presupuesto del año fiscal 2027. Sin embargo, advirtió que las horas extra de los agentes, que no han disminuido como se esperaba, continúan por encima de lo presupuestado sin una fuente de fondos identificada.
A eso se suma que el nivel actual de fondos federales de Medicaid vence en el año fiscal 2028, y la Junta indicó que no existe un plan de contingencia para atender el posible déficit.
El panorama, según el ente fiscal, se complica porque los recaudos llevan cuatro años fiscales prácticamente estancados, la economía se ha desacelerado y lo que queda de los ingresos está mayormente comprometido con el Plan de Ajuste de la deuda del Gobierno central, el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y extensiones de fondos de años anteriores.
La Junta también recordó que el alivio contributivo de $554 millones que aprobó en mayo estaba atado al compromiso del Gobierno de aprobar por ley un fondo de estabilización presupuestaria y un fondo de capital. Los proyectos de la Cámara 1261 y 1262 se aprobaron en junio con enmiendas que la gobernadora no había avalado y no se convirtieron en ley. Las medidas se radicaron nuevamente como los proyectos de la Cámara 1391 y 1392, pero no han avanzado.
“Salvaguardas que se anuncian pero nunca se aprueban no son salvaguardas, y les dicen a los contribuyentes y a los mercados de capital que Puerto Rico no ha cambiado”, advirtió el organismo.
Los señalamientos forman parte de la carta en la que la Junta pidió que no entre en vigor la suspensión temporal del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los alimentos preparados, anunciada por la gobernadora, hasta que el Gobierno identifique cómo cubrir los $56.8 millones que costaría la medida.
“La práctica de anunciar alivios y gastos primero e identificar el financiamiento después, sin un plan financiero balanceado de cinco años, es la práctica que llevó a Puerto Rico no a la prosperidad, sino a la quiebra”, sostuvo la Junta.
