Junta frena suspensión del IVU por falta de financiamiento
El ente fiscal criticó que, por segunda vez este año, la mandataria anuncie alivios contributivos sin identificar su financiamiento.
La Junta de Supervisión Fiscal pidió que la suspensión temporal del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los alimentos preparados, anunciada por la gobernadora Jenniffer González, no entre en vigor hasta que el organismo complete su evaluación, ya que el Gobierno no ha identificado cómo cubrir los $56.8 millones que costaría la acción.
“La suspensión no debe entrar en vigor antes de que se complete esa revisión”, escribió el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, en una carta a la gobernadora, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
La propuesta, que la gobernadora anunció el viernes 23 de octubre, suspendería el IVU en las comida preparadas desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026. El costo de $56.8 millones en recaudos corresponde al estimado preliminar del Departamento de Hacienda.
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La Junta indicó que Hacienda le sometió el borrador de la iniciativa el 27 de octubre para su revisión, conforme a la ley PROMESA, sin embargo, el documento no identifica de dónde saldría el dinero para compensar la pérdida.
“El monto en juego en esta propuesta no es el problema; la práctica sí lo es”, señaló Mujica, que criticó que esta es la segunda vez este año que se anuncia un alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, antes de conocer su costo. Según la carta, el tema no se discutió en la reunión que sostuvieron con el Gobierno el 21 de octubre, dos días antes del anuncio.
La Junta también advirtió que la suspensión atiende un síntoma y no la causa del alza en los costos de energía, que atribuyó a la falta de generación de menor costo. “Una suspensión temporal del IVU no cambia el costo de la electricidad, que los restaurantes seguirán enfrentando después de que expire el 31 de diciembre de 2026”, indicó.
En la carta, el organismo describió un panorama fiscal complicado, ya que los recaudos llevan cuatro años fiscales prácticamente estancados y hay nuevas propuestas de gasto recurrente sin fuente de fondos identificada. Entre ellas mencionó un proyecto para aumentar las pensiones con un costo de más de $230 millones anuales y convenios colectivos con aumentos salariales que superan los $100 millones. Añadió que el Departamento de Educación no tiene fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones actuales y que el nivel actual de fondos federales de Medicaid vence en el año fiscal 2028 sin un plan de contingencia.
Además, exhortó a iniciar una discusión seria sobre una reforma contributiva integral y un plan fiscal de cinco años.
“La práctica de anunciar alivios y gastos primero e identificar el financiamiento después, sin un plan financiero balanceado de cinco años, es la práctica que llevó a Puerto Rico no a la prosperidad, sino a la quiebra”, advirtió la Junta.
