Escala el caso del “croqueta fee”: empresas vinculadas piden inhibir a jefa de OCIF

Las empresas Allied Fleet Services y AAA Car Rental solicitaron formalmente a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la inhibición de la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, al alegar que la investigación y las multas impuestas en su contra estuvieron marcadas por conflictos de interés, parcialidad y un patrón de persecución institucional.

La querella y solicitud urgente de intervención, de 43 páginas, sostiene que el proceso administrativo contra ambas compañías no surgió de un procedimiento regulatorio ordinario, sino de un contexto “contaminado por motivaciones personales” relacionado con la controversia pública conocida como el “croqueta fee” y “cabr*n fee”.

“Las comparecientes solicitan la intervención urgente de esta Honorable Oficina ante la evidencia documental, jurada y pública que demuestra que la investigación que culminó en la Querella y Orden emitida por la OCIF el 31 de octubre de 2025 en contra de las comparecientes no surgió de un proceso ordinario y objetivo de fiscalización regulatoria, sino dentro de un contexto contaminado por motivaciones personales y actuaciones dirigidas específicamente contra Allied y AAA”, lee el documento sometido ante la OEG.

La controversia estalló públicamente luego que el representante popular Domingo Torres García presentara un referido al Departamento de Justicia relacionado con presuntos actos de represalia, influencia indebida y abuso de poder dentro de la OCIF.

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Como parte de esa controversia, salió a relucir una declaración jurada de Sebastián Carao Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services, quien alegó que auditorías, multas y negativas de renovación comenzaron luego de una ruptura sentimental con Natalia Castiel, identificada como amiga cercana de la excomisionada Natalia Zequeira.

La nueva querella revive además mensajes atribuidos a Zequeira y personas allegadas al caso donde presuntamente se hacía referencia a multas contra Allied y AAA utilizando expresiones como “croqueta fee” y “cabr*n fee”.

Uno de los señalamientos más delicados del documento es que Rodríguez Villa formó parte de la estructura de la OCIF desde antes del inicio de la investigación, cuando fungía como subcomisionada de la agencia bajo la administración de Zequeira.

Las empresas sostienen que la actual comisionada no puede desligarse del caso porque “formó parte directa del andamiaje institucional” que dio paso a la investigación y posteriores sanciones administrativas.

Asimismo, alegan que OCIF modificó abruptamente el trato regulatorio hacia ambas compañías luego de la controversia personal descrita en la declaración jurada.

Según la querella, durante más de una década las empresas renovaron sus licencias sin multas comparables ni señalamientos similares, pero posteriormente la agencia comenzó a revisar retroactivamente documentos de hasta diez años e impuso multas que alegadamente superan los $361,000.

Las compañías también denunciaron que la OCIF:

• negó solicitudes de descubrimiento de prueba
• intentó adjudicar el caso sin una vista administrativa
• continuó el procedimiento pese a solicitudes pendientes de inhibición.

De igual forma, alegaron que Rodríguez Villa realizó expresiones públicas sobre el caso mientras el procedimiento administrativo permanecía activo.

La querella cita específicamente una conferencia de prensa celebrada esta semana, donde la comisionada defendió las multas impuestas y sostuvo que Allied y AAA mantenían “un largo patrón de incumplimiento”.

Para las empresas, esas expresiones constituyen una adjudicación pública anticipada incompatible con la imparcialidad requerida en un procedimiento administrativo.

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Durante esa conferencia de prensa, Rodríguez Villa rechazó categóricamente las alegaciones de represalias y sostuvo que el caso responde a incumplimientos regulatorios recurrentes relacionados con informes trimestrales, estados financieros auditados y documentación requerida por ley.

La funcionaria aseguró además que desconocía los mensajes divulgados hasta fechas recientes y negó haber participado de alguna represalia o “vendetta” personal contra las empresas.

Así las cosas, la querella solicita a la OEG que investigue la actuación de Rodríguez Villa, ordene su inhibición inmediata y paralice el procedimiento administrativo mientras se atienden las alegaciones presentadas por las compañías.

Vea el documento:

Querella: empresas vinculadas piden inhibir a jefa de OCIF by Metro Puerto Rico