OCIF niega “vendetta” y defiende multas tras escándalo por chats y ruptura amorosa
La agencia asegura que Allied y AAA Car Rental operaban sin licencias y acumulaban incumplimientos regulatorios
La comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, rechazó este lunes las alegaciones de represalias personales relacionadas con las multas y acciones regulatorias impuestas contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental, insistiendo en que las sanciones responden a incumplimientos documentados y no a una supuesta “vendetta” personal.
Las expresiones surgen luego que el representante popular Domingo Torres García presentara un referido ante el Departamento de Justicia contra la excomisionada Natalia Zequeira y la propia Rodríguez Villa por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.
La controversia explotó tras divulgarse una declaración jurada de Sebastián Carazo Forastieri —gerente general de Allied Fleet Services— en la que alegó que auditorías, multas y negativas de renovación de licencias comenzaron luego de una ruptura sentimental con Natalia Castiel, descrita como amiga cercana de Zequeira.
Según la declaración jurada, las acciones regulatorias contra las empresas se intensificaron tras conflictos personales relacionados incluso con la custodia de una perra llamada “Croqueta”, elemento que posteriormente dio paso a la divulgación de mensajes atribuidos a Zequeira y Castiel donde presuntamente se hacía referencia a imponer un “croqueta fee” y un “cabrón fee” contra Allied. Sin embargo, Rodríguez Villa negó cualquier vínculo con esos mensajes o con alegadas represalias personales.
“Ni sabía, ni participé en esos textos, ni aparezco mencionada en los textos que alegadamente reproduce la declaración jurada”, sostuvo la comisionada en declaraciones escritas.
“De ser ciertos, el lenguaje contenido en dichos textos es reprochable, los repudio y no estoy de acuerdo con los mismos; pero lo cierto es que desconocía de su existencia; no conozco al querellante, ni participé de ninguna vendetta personal”, añadió.
La titular de la OCIF defendió además la Querella y Orden para Mostrar Causa emitida el 31 de octubre de 2025 contra Allied y AAA, asegurando que ambas compañías mantenían un patrón consistente de incumplimientos regulatorios.
Según Rodríguez Villa, Allied estuvo autorizada para operar como compañía de arrendamiento desde 2018 hasta diciembre de 2024, pero renovó tarde su licencia en múltiples ocasiones entre 2019 y 2024.
Mientras, AAA Car Rental —según la funcionaria— operó como compañía de financiamiento desde 2015 hasta diciembre de 2024, aunque también acumuló renovaciones tardías durante varios años.
La comisionada indicó que al momento de emitirse la orden ambas empresas operaban sin licencias desde el 1 de enero de 2025 y alegó además incumplimientos relacionados con informes trimestrales, informes anuales, estados financieros auditados y otra documentación requerida por la agencia.
“Todas estas violaciones conllevan multas y penalidades claramente establecidas en los reglamentos aplicables. Esas multas no las determiné yo, ni mi predecesora, las determinó un oficial de OCIF conforme a lo establecido en los reglamentos para estos casos”, expresó.
Rodríguez Villa también aseguró que la agencia intentó durante meses que las empresas entraran en cumplimiento antes de emitir la querella formal.
“Sugerir, como ha hecho públicamente un oficial de la empresa, que las acciones de esta oficina responden a una vendetta personal de algún tipo por mi parte es absolutamente falso y deplorable”, sostuvo.
No obstante, la controversia continúa escalando debido a la declaración jurada sometida por Carazo, en la que asegura que antes de la ruptura sentimental las empresas operaban sin enfrentar multas confiscatorias o intervenciones similares por parte de la OCIF. Carazo además alegó que las multas superaron los $205,000 y que las renovaciones de licencias continuaron siendo denegadas aun luego de cumplir requerimientos regulatorios y pagar penalidades.
Rodríguez Villa respondió a ese señalamiento asegurando que la OCIF renovó el pasado 1 de abril de 2026 las licencias de arrendamiento de Allied y AAA luego de que las empresas entregaran la documentación necesaria.
“La mejor prueba de ello es que no obstante el largo patrón de incumplimiento de Allied y AAA… esta oficina les renovó a ambas la licencia de arrendamiento”, expresó.
El referido presentado por Torres García solicita a Justicia investigar si las actuaciones regulatorias de la OCIF pudieron haber estado influenciadas por conflictos personales y pide además preservar evidencia electrónica y evaluar posibles violaciones éticas y criminales relacionadas con el caso.
