OCIF alega que escándalo de “Croqueta fee” salió cuando iban a multar a Allied, no por lío amoroso

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) salió públicamente al paso de las alegaciones de represalias y abuso de poder relacionadas con Allied Fleet Services y AAA Car Rental, al insistir en que el proceso administrativo contra ambas empresas responde a incumplimientos regulatorios recurrentes y no a una supuesta “vendetta” personal vinculada a una ruptura amorosa.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, la comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, aseguró que las denuncias surgidas tras la divulgación de mensajes atribuidos a la excomisionada Natalia Zequeira y una amiga cercana forman parte de una estrategia para dilatar el procedimiento administrativo que enfrenta la empresa.

“Esto es un ejercicio más para dilatar un proceso administrativo que lleva corriendo ya varios meses, fácilmente un año”, expresó Rodríguez Villa.

La controversia estalló luego que el representante popular Domingo Torres García presentara un referido al Departamento de Justicia contra Zequeira y Rodríguez Villa por presuntos actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

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Como parte del referido, se divulgó una declaración jurada de Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services, quien alegó que auditorías, multas y negativas de renovación de licencias comenzaron luego de una ruptura sentimental con Natalia Castiel, identificada como amiga cercana de Zequeira.

La declaración jurada además hace referencia a mensajes donde presuntamente se hablaba de imponer un “croqueta fee” y un “cabrón fee” contra Allied, frases que rápidamente encendieron la controversia pública.

Rodríguez Villa, sin embargo, aseguró que desconocía completamente esos mensajes hasta hace aproximadamente una semana y media, cuando fueron incluidos en una solicitud de inhibición presentada por la parte querellada dentro del proceso administrativo.

“Yo no tenía conocimiento de los textos, ni cuando ocurrió, ni posteriormente. Nunca es algo que yo conversé con la excomisionada”, sostuvo.

Pese a que catalogó los mensajes como “feísimos”, “reprochables” y “muy fuertes”, insistió en que no participó de ninguna alegada represalia ni recibió instrucciones relacionadas al caso.

La comisionada defendió además la legalidad de las multas y aseguró que las acciones contra Allied y AAA surgieron de procesos rutinarios de renovación de licencias y exámenes regulatorios iniciados mucho antes de la alegada ruptura sentimental.

Según explicó, desde marzo de 2024 la OCIF mantenía comunicaciones con ambas empresas debido a deficiencias recurrentes relacionadas con renovaciones tardías, falta de informes trimestrales, ausencia de estados financieros auditados y otros incumplimientos regulatorios.

“No hay reportes trimestrales por muchos años, no hay estados financieros auditados, no hay reportes de bienes no reclamados”, afirmó Rodríguez Villa.

La funcionaria sostuvo que incluso en julio de 2024 representantes legales de la OCIF y de las empresas sostuvieron reuniones para discutir cómo corregir las deficiencias señaladas.

Asimismo, aseguró que las fechas de los procesos regulatorios no coinciden con la narrativa presentada en la declaración jurada.

“Las fechas no concuerdan con absolutamente nada de lo que ellos indican”, dijo.

Rodríguez Villa explicó que el procedimiento comenzó mediante el área de exámenes y reglamentación de licencias de la agencia, siguiendo protocolos estándar aplicables a múltiples compañías. “Hay otras empresas que fueron contactadas igual, fueron visitadas igual, respondieron y tienen su licencia renovada”, sostuvo.

No obstante, la comisionada reconoció que la OCIF todavía evalúa si iniciará una investigación interna relacionada con los mensajes atribuidos a Zequeira.

“Estamos hablando con los abogados”, respondió al ser cuestionada sobre posibles pesquisas internas.

A pesar de ello, insistió en que el expediente administrativo no refleja instrucciones internas ni evidencia de represalias dirigidas contra Allied o AAA.

“No hay comunicación interna dando ningún tipo de instrucción de que se haga un examen y se tenga ninguna represalia”, aseguró.

La comisionada también rechazó las alegaciones de que las multas fueran excesivas y afirmó que las penalidades impuestas se encontraban dentro de los márgenes permitidos por ley.

Del mismo modo, Rodríguez Villa confirmó que las licencias de arrendamiento de Allied y AAA fueron renovadas el pasado 1 de abril de 2026 luego de que las empresas sometieran documentación pendiente, incluyendo estados financieros auditados.

Así las cosas, el referido presentado por Torres García continúa bajo evaluación del Departamento de Justicia, donde se solicita investigar posibles violaciones éticas y criminales relacionadas con el manejo del caso dentro de la OCIF.