JSF respalda alivio contributivo de $554 millones y nuevas reservas fiscales

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) respaldó este jueves el alivio contributivo de $554 millones impulsado por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y favoreció la creación de nuevas reservas fiscales permanentes mediante legislación que será presentada ante la Asamblea Legislativa.

En una declaración pública, la JSF aseguró que el reembolso contributivo autorizado mediante la Resolución Conjunta 6-2026 no tendrá impacto sobre el presupuesto vigente del año fiscal 2026 y sostuvo que la medida fue estructurada utilizando fuentes de fondos no recurrentes ya identificadas.

Según explicó la entidad federal, el alivio contributivo se financiará con fondos originalmente reservados para cubrir posibles insuficiencias de ingresos bajo la Ley 52-2022 que finalmente no fueron necesarios, debido a que los recaudos superaron las proyecciones. También se utilizarán reducciones en asignaciones extendidas de años anteriores para gastos planificados que no serán ejecutados.

“La Junta de Supervisión coincide con la gobernadora en que el pueblo de Puerto Rico merece un alivio contributivo”, sostuvo la entidad en la declaración.

La JSF insistió en que las reservas existentes no serán utilizadas para financiar el incentivo contributivo y argumentó que la legislación actual, por el contrario, permitirá crear reservas fiscales permanentes por primera vez.

La entidad sostuvo que durante meses trabajó junto al Gobierno de Puerto Rico para encontrar una fórmula que permitiera otorgar alivio económico sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

“La solución alcanzada muestra a los contribuyentes, las agencias de calificación y los mercados de capital que Puerto Rico cuenta con la disciplina fiscal necesaria para lograr ambas cosas: brindar un alivio significativo hoy y crear las reservas que protejan a los puertorriqueños en el futuro”, expresó la Junta.

Como parte de las medidas propuestas, la gobernadora presentará legislación para establecer un nuevo Fondo de Estabilización Presupuestaria a partir del año fiscal 2027. El fondo sustituiría el mecanismo actual, que según la JSF no ha sido capitalizado desde el año 2008.

La meta sería acumular reservas equivalentes al 13.5% de los gastos presupuestados del Fondo General, alineándose con estándares utilizados en estados de Estados Unidos. El plan contempla un depósito inicial de $729 millones durante el año fiscal 2026 y aportaciones anuales equivalentes al 1.4% de los gastos del Fondo General hasta alcanzar la meta en junio de 2032.

La legislación también propone la creación de un Fondo de Capital separado de los gastos operacionales del gobierno para financiar proyectos de infraestructura y otras obras permanentes. Este fondo recibiría anualmente el 35% de los ingresos del Puerto Rico Trust Fund y serviría como mecanismo recurrente para costear proyectos que requieran pareos locales no federales.

Además, se impulsará un plan financiero multianual de cinco años que deberá actualizarse anualmente y alinearse con el Plan Fiscal certificado bajo PROMESA. Según la Junta, el documento incluirá proyecciones detalladas de ingresos, gastos y flujo de efectivo, así como escenarios de incertidumbre económica ante posibles reducciones en recaudos futuros.

La JSF sostuvo que estas iniciativas responden a prácticas comunes de estabilidad fiscal utilizadas en estados de Estados Unidos, incluyendo reservas presupuestarias, planificación multianual y controles más estrictos sobre gastos e inversión de capital.

Asimismo, recordó que el mes pasado organizó en San Juan un simposio junto a la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatales (NASBO), donde participaron directores de presupuesto de varios estados para discutir mecanismos de estabilidad fiscal y manejo responsable de fondos públicos.

Finalmente, la Junta indicó que corresponderá ahora a la Asamblea Legislativa revisar y debatir las medidas propuestas como parte del proceso legislativo.

“La legislación de hoy representa un paso decisivo en la dirección correcta”, concluyó la entidad, al asegurar que el objetivo compartido entre el Gobierno y la Junta es fortalecer la estabilidad fiscal de Puerto Rico y encaminar el eventual cierre del organismo creado bajo PROMESA.