La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opuso a la solicitud de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para ampliar el descubrimiento de prueba en el caso de quiebra, al argumentar que ya ha entregado suficiente información y que no procede abrir una nueva ronda de divulgación de documentos.
En un escrito radicado el 28 de abril ante el tribunal federal, la Junta solicitó que se deniegue la moción de los acreedores que busca acceso adicional a datos financieros, contabilidad histórica y uso de fondos federales en la corporación pública.
Según la JSF, durante el proceso previo ya se produjeron cerca de 3,500 documentos, equivalentes a unas 180,000 páginas, incluyendo informes financieros, presupuestos, flujos de efectivo y datos operacionales que cubren tanto el periodo previo como posterior a la quiebra.
La Junta sostiene que ese volumen de información ofrece un panorama completo de las finanzas de la AEE y que la solicitud de los bonistas busca expandir el caso más allá de lo permitido por el tribunal, que ordenó un descubrimiento limitado y proporcional.
Además, la JSF cuestionó la premisa central de los acreedores sobre la existencia de ingresos netos significativos, al señalar que la AEE enfrentaba una crisis financiera severa incluso antes de acogerse a la quiebra en 2017.
“Las acciones de los propios bonistas en años previos reflejan que reconocían que la corporación no tenía ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones”, planteó la Junta en el documento judicial.
El escrito también impugna el uso de informes financieros históricos como base para calcular los llamados “ingresos netos”, al argumentar que esos documentos no reflejan necesariamente dinero disponible, ya que se basan en métodos contables que incluyen ingresos no cobrados.
De igual forma, la Junta rechazó entregar análisis internos o cálculos propios sobre los ingresos de la AEE, al sostener que esa información forma parte del trabajo legal y pericial protegido en el proceso.
La disputa forma parte del litigio en el que la jueza Laura Taylor Swain levantó parcialmente la protección sobre pleitos para determinar los ingresos netos que puedan utilizarse para pagar a los bonistas.
