La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó al Departamento de Educación (DEPR) someter a su revisión y aprobación previa todas las políticas internas relacionadas con la organización y operación de las escuelas públicas que tengan impacto fiscal, al señalar posibles incumplimientos con los requisitos establecidos bajo la ley PROMESA.
En una carta enviada el 27 de abril al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, el ente fiscal indicó que el DEPR ha aprobado e implementado múltiples políticas —incluyendo normas sobre tamaño de clases, proporción de estudiantes por maestro, requisitos de seguridad, mantenimiento de facilidades y modelos de personal— sin haberlas sometido previamente para evaluación.
La Junta subrayó que este tipo de decisiones incide directamente en el presupuesto, la estructura operacional y las necesidades de personal del sistema educativo, por lo que deben ser revisadas para asegurar su cumplimiento con el Plan Fiscal certificado.
El señalamiento no se limita a un modelo educativo en particular. La comunicación menciona expresamente áreas como educación especial, escuelas especializadas, programas vocacionales, escuelas charter y Montessori, entre otras, como parte del conjunto de políticas que requieren supervisión.
Como parte de la orden, la JSF solicitó al DEPR que, en o antes del 18 de mayo de 2026, someta un inventario completo de todas las políticas relacionadas, junto con documentación que incluya análisis fiscales —tanto estimados como reales—, justificación legal y operacional, y una explicación de por qué no fueron presentadas previamente ante el organismo.
La exigencia se ampara en la Sección 204(b)(4) de PROMESA, que establece que cualquier reglamento, orden administrativa o política con implicaciones fiscales debe ser evaluada por la Junta antes de su implementación. De acuerdo con la política vigente del ente fiscal, estas medidas deben ser consistentes con el Plan Fiscal y someterse en inglés para su revisión.
Además, la Junta advirtió que puede evaluar incluso políticas ya implementadas si estas afectan el cumplimiento fiscal del gobierno, lo que abre la puerta a una revisión más amplia de decisiones administrativas en el sistema educativo.
El señalamiento de la Junta ocurre en medio de reclamos recurrentes del sector magisterial sobre la organización escolar y el tamaño de los grupos. En junio de 2025, la organización EDUCAMOS pidió al Departamento de Educación establecer un tope de 15 estudiantes por salón, al argumentar que grupos más pequeños permiten una enseñanza más individualizada, atender el rezago académico y mejorar el tiempo lectivo.
