La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, confirmó este sábado que firmó la Ley 59-2026, la cual exige pruebas de sustancias controladas a entrenadores deportivos que trabajen directamente con menores de edad.
Según se explicó, la medida enmienda la Ley 6-2011 con el objetivo de establecer mecanismos legales para confirmar que las personas que ejerzan como entrenadores deportivos de los niños estén libres de drogas en su organismo.
“Se requerirá una prueba negativa de detección de sustancias controladas a toda persona interesada en solicitar una licencia como entrenador de equipos pertenecientes a clubes deportivos, adscritos al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), así como a Federaciones Deportivas en que participen menores hasta los 18 años”, lee parte de la exposición de motivos.
Se informó que la persona interesada en obtener dicha certificación deberá costear la misma.
Además, se faculta al DRD a administrar pruebas periódicas para la detección de sustancias controladas a todo entrenador de manera aleatoria durante la vigencia de su licencia.
El Proyecto de la Cámara 435 es de la autoría del representante José F. Aponte Hernández.
Por otro lado, González Colón firmó la Ley 57-2026, que moderniza la forma en que el gobierno informa a la ciudadanía. Ahora, las agencias tendrán que usar herramientas digitales para explicar proyectos que afecten servicios esenciales como agua, luz o transporte. También, deberán avisar con al menos 30 días de anticipación (o 48 horas en casos urgentes) y dar detalles claros sobre el impacto de esas obras.
Además, se aprobó la Ley 58-2026, que establece el 15 de mayo como el “Día de las Fraternidades y Sororidades en Puerto Rico”, reconociendo su labor social y su aportación a la formación de líderes.
Mientras, la Ley 60-2026 actualiza el lenguaje de la “Ley de Sustancias Controlada” para aclarar que el Departamento de Salud es la agencia con autoridad para investigar violaciones relacionadas.
Finalmente, la Ley 61-2026 corrige un error técnico en la ley de beneficios de salud del gobierno, incluyendo a empleados de Seguridad Pública y Educación, y permite que el Departamento de Educación negocie directamente sus planes médicos.
