El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que se encuentra en la búsqueda de 204 agentes actuales o retirados del Negociado de la Policía de Puerto Rico que trabajaron entre el 13 de junio de 2010 y el 31 de agosto de 2014, y que aún no han reclamado salarios atrasados que les corresponden como parte de una orden de un tribunal federal emitida en 2016.
Según detalló la agencia federal, dicha orden requirió que la Policía de Puerto Rico pagara un total de $8,732,386 en salarios retroactivos e intereses a 2,642 empleados.
Aunque la mayoría de los trabajadores ya recibió los pagos correspondientes, la Policía no logró localizar a 204 de ellos, quienes en conjunto aún tienen pendientes $128,704.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos, a través de su División de Horas y Salarios, asumió la responsabilidad de distribuir estos fondos restantes y exhortó a los trabajadores afectados a reclamar el dinero que les corresponde. La agencia indicó que incluso aquellos empleados que ya recibieron pagos parciales podrían ser elegibles para recibir cantidades adicionales.
“El objetivo de la División de Horas y Salarios es entregar los salarios adeudados a todos los trabajadores afectados que los ganaron”, expresó el director del Distrito del Caribe de dicha división, José R. Vázquez, al instar a los exempleados a comunicarse con la agencia o utilizar la herramienta en línea “Workers Owed Wages” para verificar si tienen dinero pendiente. También recomendó utilizar el término de búsqueda “PR Police” dentro del sistema.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, una investigación previa de su División de Horas y Salarios concluyó que entre junio de 2010 y agosto de 2014 la Policía de Puerto Rico incurrió de manera deliberada en múltiples violaciones a la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, en inglés), particularmente al no pagar correctamente las horas extras trabajadas.
La agencia federal añadió que tanto empleados como patronos pueden comunicarse con la División de Horas y Salarios para orientación sobre cumplimiento de la ley, y destacó herramientas disponibles como líneas telefónicas de asistencia, recursos educativos y programas voluntarios para atender posibles violaciones relacionadas con salario mínimo y tiempo extra.
