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Aún bajo evaluación de Justicia apelación a decisión judicial sobre entrega de información contributiva

La determinación surge en medio de la acción del Senado por acceso a datos vinculados a contratistas del gobierno.

Gobierno
Justicia La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, durante la apertura de Expo Justicia 2026. (Dennis Jones/Dennis A. Jones)

El Departamento de Justicia aún evalúa si apelará una determinación judicial que ordena la entrega de información contributiva relacionada con el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, como contratista gubernamental, en un caso que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el Senado.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó que la agencia aún no ha tomado una decisión final y que el asunto se encuentra bajo análisis.

“Estamos evaluando… sería prematuro expresarme hoy”, sostuvo la funcionaria, al señalar que la determinación se tomará tras una reunión interna del equipo legal durante esta tarde.

La controversia surge luego de que una jueza del Tribunal de Primera Instancia ordenara la entrega de información contributiva solicitada por el Senado, en el marco de una investigación legislativa sobre posibles irregularidades en contratos gubernamentales. El plazo para la entrega de la información vence esta medianoche.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha insistido en que la Cámara Alta tiene la autoridad para requerir los documentos y ha adelantado que está dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias” para obtener la información.

Este requerimiento de información por parte del Senado surgió en medio de la controversia pública sobre la entonces secretaria de Viviendia, Ciary Pérez Peña, quien finalmente renunció al cargo.

La posible apelación por parte del Ejecutivo responde a preocupaciones sobre la confidencialidad de los datos contributivos y el alcance de los poderes de investigación legislativa.

Gómez Torres evitó adelantar cuál será la postura final de la agencia, pero reiteró que la determinación se basará en criterios jurídicos.

El caso ocurre en un contexto de creciente fricción entre ramas de gobierno en torno al acceso a información y los límites de la fiscalización legislativa.

De concretarse la apelación, el asunto ecalaría al foro apelativo, donde un panel de jueces definirá los contornos legales sobre el acceso a datos contributivos en investigaciones públicas.

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