El Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), calificaron este domingo de “decepcionante” la determinación del Tribunal Supremo de declarar no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción y de certiorari en el caso que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó contra la gobernadora Jenniffer González Colón y su secretaria de prensa, Marieli Padró Raldirís, al establecer como requisito para cubrir las conferencias de prensa en La Fortaleza que los periodistas obtengan una certificación del Departamento de Estado.
“Vivimos momentos difíciles para la democracia pero afortunadamente organizaciones como el Overseas Press Club y la Asppro, seguirán en su empeño para defenderla”, dijo Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC. “En este caso, fue el CPI, como demandante, el OPC y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, como amigos de la corte, quienes salieron en defensa de las protecciones de la libertad de prensa”, agregó.
“Es lamentable que el Tribunal Supremo de Puerto Rico valide limitaciones al acceso a la información pública. Condicionar la entrada de periodistas a las actividades oficiales de la gobernadora González Colón a tener una identificación del Departamento de Estado es contrario al libre ejercicio del periodismo”, expresó, Nydia Bauzá, presidenta de la Asppro.
Bauzá subrayó que el acceso a la información pública no es un privilegio de los periodistas, sino el derecho del pueblo para tomar decisiones informadas sobre la vida colectiva.
“Proteger a la prensa y garantizar acceso a la información pública es en el fondo proteger el derecho del pueblo a saber cómo se usa el poder, cómo se manejan los recursos y qué decisiones afectan su bienestar”, sostuvo la periodista.
Desde noviembre de 2025, el OPC no participa en las reuniones de la comisión de credenciales del Departamento de Estado y determinó que no volverá a formar parte de ese grupo porque no desea validar un ejercicio que se tergiversó y se quiere convertir en un requisito en lugar del acto voluntario, como establece la Ley 22-2000. El Reglamento de esa comisión establece que sus miembros emiten recomendaciones a la Secretaria o Secretario de Estado, quien tiene la determinación final y firma las certificaciones.
“Con su determinación, la mayoría en el Supremo guarda silencio ante un requerimiento caprichoso de la Gobernadora, que fue avalado de manera errónea por el Tribunal de Apelaciones en una sentencia emitida el 7 de abril. El Tribunal de Apelaciones dio por ciertas varias alegaciones de La Fortaleza que no son correctas. Entre ellas que el requerimiento de la certificación de prensa que emite el Departamento de Estado forma parte de un 'protocolo’ que “deben cumplir aquellos periodistas que interesen cubrir las conferencias de prensa de la Gobernadora. Ese protocolo no existe”, coincidieron.
En una entrevista radial realizada esta semana, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, admitió que es ahora “que se está trabajando un protocolo, que está trabajando la compañera de Prensa y se va a estar divulgando”.
“Tampoco es correcto que sea un requisito solo para las conferencias de prensa de la Gobernadora, porque también se ha estado exigiendo la certificación de prensa del Gobierno en las conferencias que los secretarios y directores ejecutivos de las agencias y las corporaciones públicas hacen en el Palacio Rojo, contiguo al Palacio de Santa Catalina donde reside González Colón”, recalcaron.
“Y como esta administración quiere tener un control absoluto de las comunicaciones que emiten sus jefes de agencia, casi todas las conferencias de prensa de las entidades gubernamentales se hacen en La Fortaleza, en la actividad llamada En Récord por lo que la certificación del Departamento de Estado es, en la práctica, un requisito para cubrir todos los asuntos del ejecutivo”, dijo la presidenta del OPC.
Asimismo en la sentencia apelativa emitida por los jueces Grace Grana Martínez, Eric Ronda del Toro y Glorianne Lotti Rodríguez, se dice que: “Notamos del antes mencionado requisito, que se trata de una directriz general para todos los periodistas que interesan asistir a la conferencia de prensa. De esta, no surge que se le limite el acceso a la conferencia de prensa a ciertos periodistas o medios”.
“Pero eso tampoco es correcto. El mismo día y hasta en la misma conferencia de prensa en la que el Secretario de Asuntos Públicos y el abogado de la Gobernadora, Ramón Rosario, informaban la determinación del TA, al menos dos periodistas indicaron que nunca les habían requerido tal certificación aunque acuden con regularidad a La Fortaleza. De hecho, una lista que el Departamento de Estado entregó al OPC corrobora que no todos los periodistas que hacen coberturas en La Fortaleza tienen la certificación del Estado”, abundaron.
“Y no la tienen porque hasta la llegada de González Colón a la gobernación no era exigida. Ese rótulo removible se creó para colocarlo en el vehículo del periodista y lo solicitaba quién lo quería. Siempre fue un acto voluntario”, aclaró Maldonado Arrigoitía. “Sin embargo, es claro que la certificación de prensa del Estado se le ha requerido solo a algunos periodistas y a otros no. Los periodistas no nos oponemos a mostrar la identificación de los medios para los que trabajamos. Nos oponemos a que sea el Estado quien pretenda acreditar quién es o no periodista”, agregó.
Tanto la Ley de Vehículos y Tránsito, que estableció la posibilidad de que los periodistas solicitarán una tablilla o rótulo removible, y el Reglamento del Departamento de Estado, establecen que esa certificación solo la pueden obtener quienes “se dedican a la búsqueda de información para los medios noticiosos”.
“Pero para sorpresa nuestra, el Departamento de Estado le dio esa certificación a fotógrafos, por ejemplo, de una agencia de publicidad que tiene un contrato vigente con la Oficina de la Gobernadora y hasta el año pasado tuvo con el propio Departamento de Estado, así como a relacionistas públicos de funcionarios de gobierno o municipios”, señaló la presidenta del OPC.
“No entendemos cómo se otorgaron estas certificaciones cuando entre los requisitos para solicitarlas está una certificación del medio de comunicación que acredita que esa persona es un periodista de su plantilla. Esto demuestra aún más que esta certificación no acredita que eres periodista”, añadió.
