El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José A. Hernández Concepción, presentó este jueves varias citaciones en medio de la investigación por presuntas irregularidades en centros de inspección vehicular, un caso que también ha salpicado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Entre las personas citadas figuran el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, Edwin E. González Montalvo; la licenciada Lindsay T. López Murillo; Yabucoa Auto Service; y el secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Ángel L. Pantoja Rodríguez.
La citación legislativa surge en medio del proceso investigativo tras la designación de fiscales especiales por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en relación con la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña.
La determinación del PFEI se produjo luego de que el Departamento de Justicia concluyera que existe causa suficiente para creer que la exfuncionaria pudo haber incurrido en conducta delictiva vinculada a sus funciones públicas. La investigación preliminar, a cargo de la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), está sustentada en declaraciones juradas incluidas en el expediente evaluado por el Panel.
Como parte del proceso, las fiscales independientes Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández quedaron a cargo de la pesquisa a fondo, que también podrá extenderse a cualquier otro funcionario vinculado a los hechos bajo investigación.
El caso se da en paralelo a las vistas legislativas en la Cámara de Representantes, donde han salido a relucir posibles fallas en el manejo de multas y fiscalización de centros de inspección. Allí, la exsecretaria del DTOP, Eileen Vélez, sostuvo bajo juramento que desconoce negociaciones para reducir multas administrativas, al tiempo que defendió que los procesos estaban claramente establecidos en ley.
No obstante, el presidente de la Comisión de Transportación, José “Cheito” Hernández Concepción, ha señalado deficiencias “muy grandes” en los procesos y vacíos en la Ley 22, al punto de adelantar que evaluará legislación para corregirlos.
La génesis del caso contra Pérez Peña apunta a su presunta vinculación con un centro de inspección en Yabucoa, lo que motivó un referido legislativo que eventualmente llegó a Justicia. Incluso, el exdirector de la División de Investigaciones e Inspección, Arturo Deliz, fue entrevistado por fiscales como testigo en esta etapa preliminar.
Según el PFEI, la posible conducta imputada a la exfuncionaria incluye violaciones al delito de influencia indebida, así como a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.
El Panel determinó acoger la recomendación de Justicia y continuar con la investigación, aunque aclaró que el estándar de prueba en esta etapa es distinto al requerido para la radicación de cargos criminales, decisión que corresponderá una vez culmine la pesquisa.
Como es norma en estos procesos, la designación de un FEI no implica culpabilidad y la exfuncionaria se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.
