En medio de diversas denuncias de organizaciones ambientales que aseguran que el Proyecto de la Cámara 25 (PC25) podría reducir el dominio público en las costas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió la medida y aseguró que no afecta el acceso público a las playas en Puerto Rico.
El PC25 busca atemperar la definición de la zona marítimo terrestre, estableciendo como criterio principal el nivel medio de pleamar mayor basado en datos de largo plazo, en lugar de referencias más amplias como eventos extremos.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, afirmó en vista pública que el proyecto no altera el acceso ni los derechos existentes sobre las playas.
“Quiero que el récord quede claro, aquí no hay ningún cambio, aquí no se le está quitando nada a nadie (...) todo se mantiene igual”, dijo el secretario.
Según explicó, el cambio principal de la medida es incorporar datos científicos, particularmente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), para establecer con mayor precisión los deslindes de la zona marítimo terrestre.
Quiles también planteó que el proyecto surgió en parte para atender controversias históricas sobre cómo se define la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), que actualmente depende de criterios amplios como el flujo y reflujo del mar o el alcance de las olas en temporales.
“La diferencia es que esta medida da una base estadística a la hora de que los compañeros agrimensores vayan a establecer el límite de la Zona Marítimo Terrestre, porque el fundamento que se usaba era un fundamento que básicamente era casi mágico. Usted tenía que ver cuándo era el temporal mayor. Ahora se está usando datos científicos de la NOAA, donde ya se va a establecer un punto específico y no va a variar”, aclaró el secretario.
Las expresiones del secretario se dieron durante la vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni, en la que se evaluó proyecto junto a diversas agencias y organizaciones citadas.
Agencias respaldan la medida
Tanto el DRNA como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se expresaron a favor del Proyecto de la Cámara 25 durante sus ponencias, al coincidir en que la medida busca “aclarar y uniformar la definición” de la ZMT sin alterar su carácter público.
Quiles sostuvo en su presentación que la propuesta mantiene los elementos esenciales que definen esta zona y no representa un cambio sustancial en su alcance, aunque sí atiende áreas de controversia técnica, como el caso de los acantilados y la delimitación precisa del litoral.
“En síntesis, del análisis comparativo de ambas versiones se desprende que en lo sustancial mantiene los elementos que delimitan la zona marítimo-terrestre como el espacio costero sujeto a la acción del mar incluyendo los terrenos ganados al mismo y las márgenes de los ríos hasta donde sean navegables o sean sensibles a las mareas. En ese sentido, la definición adoptada no altera la naturaleza jurídica fundamental de este bien de dominio público, ni representa un cambio significativo en cuanto a su alcance (...) Por lo anterior, respaldamos la aprobación de esta medida”, expresó Quiles.
Por su parte, el DDEC también favoreció la medida, al entender que responde a una necesidad de política pública al establecer criterios técnicos más claros para determinar los límites de la zona marítimo terrestre.
En su ponencia, el agrimensor Marcos Colón Mercado explicó que la legislación vigente carece de precisión en los parámetros utilizados, lo que ha generado controversias recurrentes en los procesos de deslinde.
“La definición vigente desde la Ley 151 describe la zona marítima o terrestre en función del flujo y reflujo del mar en aquellas áreas donde las baleas son sensibles y de las mayores olas en los temporales donde no lo son, pero no establece con suficiente especificidad cuál es el parámetro técnico que debe utilizarse para fijar ese límite en el terreno. Precisamente por esa razón, el propio informe positivo de la Honorable Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y el representante de Puerto Rico reconoce que el ordenamiento actual no define con claridad qué referencia marial debe emplearse al momento de determinar la zona marítima o terrestre. Esa falta de precisión ha alimentado controversias recurrentes sobre la manera correcta de medirla e identificarla”, destacó el agrimensor.
A estas posturas se sumaron sectores del desarrollo económico, como la Asociación de Constructores y la Asociación de Industriales, quienes respaldaron la medida al entender que provee mayor certeza jurídica en los procesos de deslinde y planificación costera.
Por su parte, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico también expresó respaldo al proyecto, al considerar que aporta “mayor claridad jurídica” en la delimitación de la zona marítimo terrestre y facilita la planificación en municipios costeros.
Sectores ambientales se oponen
Aunque agencias del gobierno respaldaron el Proyecto de la Cámara 25, la medida generó una marcada división entre sectores ambientales, académicos y grupos vinculados al desarrollo económico y municipal.
Por un lado, organizaciones como la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y CAMBIO expresaron oposición al proyecto, al entender que no se trata de una simple aclaración técnica, sino de un cambio sustantivo en la definición del dominio público costero.
Desde la Clínica, se advirtió que la propuesta podría reducir el alcance de la zona marítimo terrestre y trasladar espacios funcionalmente costeros hacia la esfera privada, con efectos directos sobre la protección ambiental y el acceso colectivo a las playas.
“La medida propone una redefinición del alcance del dominio público costero que trasciende una mera aclaración normativa”, destacó la ponencia de la Clínica.
En esa misma línea, la organización CAMBIO sostuvo que la medida podría favorecer intereses privados a costa de bienes comunes.
También advirtió que la propuesta “debilitaría la protección ambiental y limitaría la capacidad del país para enfrentar los efectos del cambio climático”, al excluir fenómenos extremos como marejadas ciclónicas del criterio de delimitación.
