El caso de presuntas irregularidades en centros de inspección de vehículos de motor sumó un giro significativo luego de que el Departamento de Justicia confirmara que mantiene una investigación activa contra Arturo Deliz Vélez, quien previamente figuraba como una de las piezas clave en la denuncia de estas prácticas desde el propio Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
La confirmación surge de una carta enviada por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, en la que se detalla que, además de la investigación preliminar relacionada con un referido legislativo, “se mantiene activa una investigación separada… relacionada con las actuaciones del Sr. Arturo Deliz Vélez… la cual se encuentra en etapa investigativa”.
El documento también señala deficiencias en la documentación de procesos administrativos —como multas, planes de pago y reactivación de estaciones— que impiden reconstruir con precisión cómo se manejaron los casos.
Este desarrollo ocurre en paralelo a las vistas públicas de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, donde ha quedado al descubierto un patrón de fallas administrativas en el DTOP durante el periodo en que Deliz Vélez dirigió la División de Investigaciones e Inspección.
Bajo juramento, la directora ejecutiva de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Mary Fuster Romero, reconoció que “los procesos dentro del DTOP se trabajaron erradamente”. Según detalló, de los 68 centros de inspección multados con expedientes abiertos, solo 10 contaban con la documentación básica —como hojas de inspección— que justificara las sanciones. En algunos casos, ni siquiera existía evidencia de las razones para imponer multas o clausuras.
La falta de documentación también implica posibles violaciones al debido proceso. “Sin la hoja, no tenían manera de saber que tenían derecho a una vista administrativa”, sostuvo el presidente de la comisión, el representante José “Cheito” Hernández Concepción, quien advirtió sobre fallas “muy grandes” en los procesos administrativos y legales.
Deliz Vélez, quien debía comparecer a la vista, fue excusado tras alegar —a través de su representación legal— que es testigo en una investigación activa en el Departamento de Justicia y en el proceso del Fiscal Especial Independiente (FEI). No obstante, el legislador no descartó volver a citarlo.Durante las vistas también surgieron cuestionamientos sobre un contrato para la implementación de nuevas máquinas de inspección vehicular. Bajo la incumbencia de Deliz Vélez, se seleccionó a una empresa como proveedor único entre 16 posibles participantes, sin conocerse el costo final del equipo al momento de adjudicar el proceso. Posteriormente, se reveló que las máquinas, valoradas en $12,000, serían arrendadas a los centros por hasta $1,200 mensuales, lo que implicaría pagos de hasta $96,000 en cinco años.
“¿Cómo DTOP certifica que la máquina es correcta sin saber cuál es el costo que le van a imponer a los centros de inspección?”, cuestionó Hernández Concepción durante la audiencia. El contrato fue finalmente cancelado en 2025.
A nivel legislativo, también se ha cuestionado la ausencia de referidos oportunos al Departamento de Justicia en casos que podrían constituir delitos. Otros legisladores advirtieron que podrían surgir demandas por violaciones al debido proceso, mientras el representante Denis Márquez Lebrón sostuvo que las irregularidades detectadas debieron haber sido referidas directamente a Justicia.
Por su parte, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, indicó que la agencia ha comenzado a implementar cambios, incluyendo un nuevo manual de investigación, protocolos para el manejo de evidencia y coordinación con el FBI para adiestrar a su personal.
Mientras tanto, el Departamento de Hacienda confirmó que no tiene injerencia en los procesos de multas ni evidencia de que estas hayan sido correctamente cobradas, lo que añade otra capa de incertidumbre sobre el manejo del sistema.
En este contexto, la investigación contra Deliz Vélez añade complejidad a un caso que ya involucra a altos exfuncionarios, posibles esquemas administrativos irregulares y vacíos legales. La Comisión anticipó que, al concluir la pesquisa, impulsará cambios a la Ley 22 y al reglamento vigente para corregir las deficiencias detectadas.
