Agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron el martes, a dos hombres, identificados como: Elid Jesuel Pizarro Morales, de 22 años y residente en Carolina, y a Miguel Ángel Márquez Rosario, de 43 años y residente en San Juan, por cargos federales relacionados con explotación sexual infantil.
“No hay mayor prioridad que salvaguardar a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o hacerles daño”, dijo Stephen Muldrow en declaraciones escritas.
“La Fiscalía federal está comprometida a continuar nuestros esfuerzos conjuntos con socios estatales, municipales y federales para localizar a estos ofensores y asegurar que sean procesados con todo el peso de la ley”, agregó.
Según documentos judiciales, un gran jurado federal acusó el 9 de abril a Pizarro Morales por seis cargos de explotación sexual de menores, recibo de material de explotación sexual infantil y posesión de ese material. La acusación sostiene que creó y utilizó una cuenta en una aplicación de internet para comunicarse con menores varones y solicitarles imágenes y videos sexualmente explícitos.
La Fiscalía federal alegó además que, en noviembre de 2025, Pizarro Morales indujo, persuadió y coaccionó a cuatro menores varones, dos de 14 años, uno de 12 años y uno de 13 años, para participar en conducta sexualmente explícita con el fin de producir pornografía infantil. También planteó que entre agosto de 2023 y febrero de 2026 poseyó y accedió con intención de ver material de pornografía infantil en una tableta Apple, incluido material de un menor prepúber o de un menor que no había cumplido 12 años.
En un caso separado, un gran jurado federal acusó el 9 de abril a Márquez Rosario por dos cargos de transportación de material de explotación sexual infantil y posesión de ese material. La acusación señala que entre febrero y marzo de 2026 utilizó dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de explotación sexual infantil, incluidas imágenes de un menor prepúber o de un menor que no había cumplido 12 años.
“Los delitos contra menores figuran entre las violaciones más serias que investigamos”, dijo Carlos Goris, agente especial a cargo de la oficina del Negociado Federal de Investigaciones en San Juan. “El consumo de material de abuso sexual infantil alimenta una industria despreciable que explota a niños inocentes. Todo niño merece seguridad, y no descansaremos hasta que cada ofensor enfrente todo el peso de la ley federal”.
Si resulta convicto, Pizarro Morales enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión. Márquez Rosario enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años y una máxima de 20 años de prisión. Los casos son procesados por la fiscal auxiliar federal Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, y forman parte de la iniciativa Project Safe Childhood del Departamento de Justicia federal.
