Una empresa participante de la subasta para operar el sistema de vigilancia electrónica en las escuelas públicas solicitó al Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos que examine posibles irregularidades en el proceso de contratación del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).
La comunicación fue enviada esta semana —el 3 de marzo— por Genesis Security Services, Inc. a la oficina federal encargada de fiscalizar el uso de fondos educativos. En la carta, la empresa plantea preocupaciones sobre el proceso de licitación correspondiente al Request for Proposals (RFP) DEPR-OC-2024-006, que contempla un contrato estimado en más de $120 millones por un periodo de cinco años para servicios de seguridad en las escuelas públicas.
No es la primera vez que esta subasta está en controversia o es objeto de denuncias sobre posibles manejos irregulares.
La carta, firmada por el presidente de la compañía, Roberto P. Morales, sostiene que el proceso ha estado marcado por controversias y decisiones judiciales que obligaron al Departamento de Educación a corregir irregularidades en la adjudicación. Además, señala que una investigación del Senado de Puerto Rico también documentó presuntas acciones indebidas de funcionarios de la agencia y la desaparición de comunicaciones internas del expediente público, lo que —según la empresa— debilita la confianza en la transparencia del proceso.
Genesis también incluyó en su comunicación nuevas alegaciones relacionadas con comunicaciones que supuestamente ocurrieron en febrero de 2026. Según la empresa, ejecutivos del sector de seguridad en Estados Unidos fueron contactados por un ejecutivo de la compañía GM Sectec, quien habría indicado que el contrato sería “dividido en dos” y que la empresa había retenido los servicios de la firma de cabildeo Politank, así como de figuras con conexiones políticas.
De confirmarse, esas representaciones —según la carta— levantarían preocupaciones sobre posible influencia indebida, coordinación impropia o conocimiento anticipado del resultado de un proceso de contratación financiado en parte con fondos federales.
Ante ese escenario, Genesis solicitó a la Oficina del Inspector General federal que monitoree o investigue formalmente varios aspectos del proceso, incluyendo posibles comunicaciones entre funcionarios del Departamento de Educación y representantes de GM Sectec sobre la eventual división del contrato, el rol que pudieron haber tenido cabilderos externos en el proceso para la contratación y si se cumplieron los estándares federales de integridad y manejo de conflictos de interés.
La empresa también sostuvo que la magnitud del contrato —que impacta el sistema de seguridad de las escuelas públicas en todo Puerto Rico— exige los más altos niveles de transparencia, equidad y cumplimiento con la ley.
El contrato para instalar y operar el sistema de vigilancia electrónica en las escuelas públicas ha estado bajo controversia desde su adjudicación inicial. En un proceso previo, la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales revocó la adjudicación original de la subasta y ordenó iniciar un nuevo proceso de licitación tras determinar incumplimientos en las propuestas presentadas por los licitadores.
El asunto también fue objeto de una investigación legislativa luego de que el Senado aprobara una resolución para examinar el proceso de subasta, evaluación, adjudicación y contratación del sistema de vigilancia electrónica en el Departamento de Educación.
Las nuevas denuncias se producen además en momentos en que el gobierno evalúa cambios en la estructura de compras de la agencia. En días recientes, surgió una controversia por el intento de trasladar funciones de compras del Departamento de Educación a la Administración de Servicios Generales, una medida que posteriormente fue paralizada por La Fortaleza mientras se atienden preocupaciones sobre su impacto en el cumplimiento de requisitos federales.
Una fuente de este diario apuntó que en el caso de la subasta de seguridad han surgido movimientos entre la Oficina del Secretario de la Gobernación y el DEPR para sacar la subasta del trámite bajo supervisión de ASG, y así supuestamente fragmentar el alcance de los servicios, de manera que pueda contratarse a otra firma que no sea Genesis Security Services, Inc., que ha llevado la ofensiva sobre posibles irregularidades en el proceso.