El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que autoriza a la policía municipal a documentar, investigar y referir para posible procesamiento penal las actuaciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza dentro de la ciudad.
La medida fue anunciada en una conferencia de prensa y responde al creciente rechazo público a las operaciones federales de inmigración, particularmente tras incidentes ocurridos en Minnesota que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.
“Como parte de esta orden, nuestro departamento de policía documentará la actividad de ICE y la Patrulla Fronteriza e intentará identificar a los agentes en el lugar de los hechos. Esta evidencia se conservará y, por orden de mi oficina, se remitirá a la Fiscalía estatal para su posible procesamiento”, expresó Johnson.
El alcalde señaló que la decisión también busca preparar a la ciudad ante un posible aumento de la presencia de fuerzas federales, luego de que el presidente Donald Trump manifestara su intención de reforzar los operativos en ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago.
“Seguiremos aprendiendo y trabajando con otras ciudades del país mientras enfrentamos este momento”, sostuvo el funcionario municipal, al destacar que la orden forma parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional para responder a las políticas migratorias del Ejecutivo federal.
Johnson fue particularmente crítico del accionar de los agentes federales, a quienes acusó de actuar fuera de los parámetros legales y de socavar la confianza pública en las fuerzas del orden.
“No les importa su estatus de ciudadanía. No les importa el debido proceso. Ni siquiera les importa la inmigración. Estos agentes federales están socavando la confianza en las fuerzas del orden”, afirmó el alcalde, al describir las actuaciones del ICE como generadoras de “caos y destrucción”.
El alcalde también calificó a la administración Trump como un “régimen autoritario” y aseguró que la orden ejecutiva envía un mensaje de respaldo a las comunidades afectadas por los operativos migratorios. “Esta orden ofrece esperanza”, indicó, al enmarcar la iniciativa dentro de una respuesta más amplia frente a lo que describió como abusos sistemáticos.
Desde diciembre, el Gobierno federal ha intensificado las operaciones antiinmigración en Minnesota bajo el argumento de combatir el crimen. Sin embargo, muertes durante intervenciones, así como la detención de un niño de cinco años, han provocado una ola de indignación y protestas en distintos puntos del país, reavivando el debate sobre los límites del poder federal en materia migratoria.