Vigilantes DRNA piden al Senado fiscalizar cumplimiento de ley salarial
La petición fue realizada por la Unión Local 3647 de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico
Por Cybernews
La Unión Local 3647 de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico pidió el miércoles, al Senado dar seguimiento al cumplimiento de la Ley 156 de 2024, que ordena aumentos salariales para vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“La vista de la Comisión de Seguridad Pública del Senado no puede partir de cero sobre la Ley 156, de lo contrario sería un esfuerzo fútil”, declaró Benjamín Borges Hernández, director de área de AFSCME y síndico de la Unión del Cuerpo de Vigilantes en declaraciones escritas.
La organización sostuvo que, a casi 2 años de aprobada la ley, el Ejecutivo no ha implementado el aumento salarial ordenado para los vigilantes.
Borges Hernández reclamó que la comisión tome conocimiento del proceso realizado en la Cámara de Representantes y cite al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
Según la unión, la Ley 156 ordena a esas entidades buscar activamente los fondos necesarios para cumplir con el aumento, especialmente durante la preparación del presupuesto anual.
La organización indicó que en agosto de 2025 Quiles informó que había identificado los fondos y notificado a la Junta de Supervisión Fiscal, pero luego no respondió a solicitudes de actualización.
En marzo de 2026, la Oficina de Gerencia y Presupuesto sometió a la Junta la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027 sin incluir los fondos para el aumento, según la unión.
Durante una vista presupuestaria en abril, el secretario del DRNA tampoco mencionó los fondos, por lo que una comisión legislativa solicitó comunicaciones sobre la Ley 156 al DRNA, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
La unión sostuvo que una respuesta de septiembre de 2025 de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal informó a la Junta que el Gobierno de Puerto Rico no implementaría la Ley 156.
Borges Hernández dijo que la ley sigue vigente porque ninguna autoridad competente, incluida la Junta de Supervisión Fiscal, la ha invalidado.
“Si el poder ejecutivo puede abrogarse la decisión de cumplir o no con su obligación constitucional de implementar leyes, todo el andamiaje democrático que sostiene el gobierno de Puerto Rico está en grave riesgo”, añadió Borges Hernández.
