El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y zar de energía, Josué Colón, aseguró que el contrato propuesto con NFEnergía LLC (NFE) para el suministro de gas natural no fue producto de una negociación colaborativa con el gobierno, sino que respondió a condiciones impuestas por la empresa bajo presión comercial.
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Las declaraciones están contenidas en una serie de cartas dirigidas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en respuesta a cuestionamientos sobre el proceso de contratación con Genera PR y su matriz NFE.
“El contrato sometido por la 3PPO para revisión no refleja los términos o la estructura originalmente contemplados, recomendados o respaldados por la P3A durante el proceso competitivo de adquisición. El documento en cuestión es una versión impuesta unilateralmente por NFE bajo condiciones de presión comercial extrema, opciones limitadas y coerción logística. No debe confundirse con un acuerdo sancionado por el gobierno o negociado de forma colaborativa.”, afirmó Colón en una carta dirigida al director de la Junta de Supervision Fiscal (JSF), Robert Mujica Jr.
El funcionario explicó, además, que la Oficina de Compras de Terceros (3PPO) lideró el proceso y fue quien finalmente retiró el contrato del proceso de evaluación de la JSF. En ese contexto, Colón precisó que no participó en las negociaciones comerciales.
“Asistí a una reunión convocada por la 3PPO tras un impasse con NFE —donde la empresa dejó claro que términos clave como la cláusula de take-or-pay, la duración del contrato de 15 años y el límite de 40 % de responsabilidad por incumplimiento no eran negociables. Esa confirmación llevó a la conclusión de que los términos fueron efectivamente impuestos”, escribió el zar.
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La JSF había expresado preocupación por los términos del contrato y su posible impacto fiscal.
Según la respuesta del presidente de 3PPO, Osvaldo Carlo a las explicaciones solicitadas por la JSF, “el contrato propuesto refleja los términos que NFE estaba dispuesto a aceptar, no los desarrollados mediante negociación mutua. Estos fueron presentados como no negociables, bajo amenaza de que se retirarían si se intentaban modificar”.
De hecho, la Junta también objetó que el contrato sometido incluía una duración fija de 15 años, cuando el RFP solicitaba propuestas de 5 o 10 años con opciones de extensión. Sobre esto, el 3PPO aclaró que NFE indicó de forma inequívoca que solo aceptaría un contrato con una duración fija de 15 años.
“NFE declaró inequívocamente que un término fijo de 15 años era el mínimo aceptable y presentó una sola propuesta de precio basada en ese término. No se ofrecieron precios alternativos ni sin cláusulas de take-or-pay”, continuó el 3PP0.
Otra preocupación señalada por la JSF fue la reducción de la fianza de cumplimiento de $100 millones a $10 millones.
Al respecto, Colón explicó que “la solicitud de propuestas original también incluía un requisito de una fianza de cumplimiento y pago de $100,000,000 para proteger los intereses del Gobierno. Sin embargo, bajo la estructura de emergencia, el suplidor solo estuvo dispuesto a ofrecer una fianza de $10,000,000. A pesar de múltiples esfuerzos por asegurar una cantidad mayor, el suplidor dejó claro que esta era la cantidad máxima que ofrecería como condición para proceder”.
También se eliminó del contrato la obligación del suplidor de instalar y operar terminales de regasificación, lo cual había sido requerido inicialmente en la solicitud de propuestas.
Colón justificó el cambio indicando que se eliminó la obligación de instalar infraestructura de regasificación del contrato propuesto con NFE para evitar poner en riesgo la elegibilidad de fondos federales, y que dicha infraestructura será contratada posteriormente mediante un proceso competitivo separado.
“La infraestructura de regasificación necesaria para respaldar estas conversiones fue retirada del alcance de la solicitud de propuestas debido a la descalificación de NFE y para proteger la elegibilidad de los fondos federales. La infraestructura de conversión aún no ha sido adquirida y, en cambio, se llevará a cabo mediante un proceso competitivo separado para garantizar el cumplimiento, la competencia y la integridad fiscal”, dijo el zar.
En cuanto a la exclusividad otorgada a NFE, se indicó que fue incluida por la empresa en una revisión de última hora, “aproximadamente una hora antes de que se sometiera el contrato a la Junta”, sin ser solicitada ni respaldada por el gobierno.
El zar reconoció que el contrato se presentó ante la JSF como una medida para evitar una interrupción en el suministro de gas natural en medio de una emergencia energética. Sin embargo, el 8 de julio, la 3PPO retiró oficialmente el borrador y solicitó que se “difiriera cualquier revisión adicional” hasta que se completaran cambios que “sirvan mejor los intereses del pueblo de Puerto Rico”.
Colón sostuvo que los acuerdos contractuales previos, incluyendo el contrato de arrendamiento de 2018 entre NFE y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que otorga uso exclusivo del muelle de San Juan, explican por qué la empresa tiene control sobre la infraestructura de suministro y acceso al puerto.
“Estos acuerdos —ejecutados y aprobados en años anteriores y bajo administraciones previas— son los que crearon la ventaja de NFE en el presente proceso de adquisición. El Gobierno no le otorgó poder de negociación a NFE en este proceso; lo heredó“, concluyó el zar.
Gobierno pone fin a negociaciones con New Fortress sobre contrato de gas natural licuado
El gobierno de Puerto Rico canceló las negociaciones con la empresa NFE sobre el contrato de suministro de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) valorado en 20 mil millones de dólares, luego de que la compañía se negara a aceptar enmiendas al acuerdo, reportó Bloomberg.
“Con base en lo que percibimos como una falta de interés por parte de New Fortress, estamos dando por terminado este proceso de solicitud de propuestas”, dijo Osvaldo Carlo Linares, presidente del Recoms Group, oficina encargada del proceso de compras tercerizadas del gobierno (3PPO, por sus siglas en inglés), según cita Bloomberg.
La compañía, con sede en Nueva York y fundada por el multimillonario Wes Edens, se encontraba en negociaciones con el gobierno para renovar un contrato de 15 años. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal, designada por el gobierno federal, se opuso al acuerdo argumentando que otorgaría a New Fortress un monopolio sobre el suministro de LNG y obligaría a Puerto Rico a aceptar volúmenes que podría no utilizar.
Según Bloomberg, los bonos de la empresa con vencimiento en 2029 cayeron 6 centavos por dólar y sus acciones llegaron a desplomarse hasta un 12 por ciento tras conocerse la decisión del gobierno.
La Junta confirmó el miércoles que recibió una comunicación formal desde la oficina de Linares indicando el retiro del contrato.
“Ni el 3PPO ni el gobierno están dispuestos a defender los términos del contrato presentado ante la Junta para su revisión y aprobación”, indicó el ente en una declaración escrita enviada a Bloomberg. Añadieron que continuarán trabajando con todas las partes para encontrar una solución favorable para el pueblo de Puerto Rico.
El territorio estadounidense continúa dependiendo mayormente de combustibles fósiles para cubrir su demanda energética, en medio de frecuentes apagones debido a la antigüedad de su infraestructura eléctrica.
Debido al impasse, Linares confirmó que el gobierno se encuentra en conversaciones con otras cuatro compañías para establecer contratos de emergencia de 30 días. Estos acuerdos requerirían posiblemente pagar un cargo por el uso de la infraestructura de recepción de LNG de New Fortress en San Juan. Los nombres de esas compañías no fueron revelados.
Naturgy, empresa española que suple LNG en la terminal de importación de Peñuelas, no respondió a una solicitud de comentarios sobre si figura entre los posibles suplidores temporales.
Esta nota se basa en el reportaje original publicado por Bloomberg News, escrito por Jim Wyss y Ruth Liao.
