La jueza Laura Taylor Swain ordenó este miércoles encaminar el proceso para resolver el reclamo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quienes exigen una compensación de $3.7 mil millones por concepto del uso de ingresos netos generados tras la radicación de la quiebra bajo el Título III de PROMESA.
La determinación se produjo durante la vista ómnibus en el caso de quiebra de la corporación pública.
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Durante la vista ómnibus celebrada en el Tribunal Federal en San Juan, la controversia giró en torno a si esos ingresos netos —que los bonistas alegan constituyen su colateral bajo el acuerdo fiduciario— les otorgan derecho a una reclamación con prioridad administrativa en el proceso de quiebra.
Los abogados de los bonistas argumentaron que el uso de esos fondos sin su consentimiento ni protección adecuada constituye una “toma” de propiedad que debe ser compensada conforme a la Constitución federal y al Código de Quiebras. Alegaron además que los ingresos fueron usados para cubrir gastos que no necesariamente cualifican como “gastos operacionales necesarios”, incluyendo mejoras capitales y subsidios energéticos, lo que violaría el orden de prelación establecido en los contratos de deuda.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo que los bonistas no tienen derecho a ese reclamo, ya que sus contratos son de naturaleza no recursiva y están limitados a los ingresos netos disponibles, sin derecho a activos generales de la AEE. También argumentaron que el uso de esos ingresos no constituye una violación constitucional y que ya se ha reservado una partida dentro del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para atender el asunto sin retrasar el proceso.
Ante los señalamientos, la jueza Swain instruyó a ambas partes a presentar propuestas para resolver el asunto. Ordenó que, antes del 18 de agosto, sometan por escrito qué elementos ya han sido acordados y cuáles aún están en disputa. Asimismo, estableció el 25 de agosto como fecha límite para presentar un informe conjunto con el alcance del descubrimiento de pruebas, los métodos para abordar el tema y un posible calendario procesal.
La próxima vista ómnibus en el caso fue pautada para el 10 de septiembre a las 9:30 a.m.