La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico condenó enérgicamente la aprobación de la Ley 63 del 2025, que criminaliza a los profesionales de la salud que brindan cuidados de afirmación de género a menores trans y precariza aún más a esta población y sus familias.
La organización anunció que impugnará la ley en los tribunales, tras considerar que viola derechos fundamentales y pone en riesgo el bienestar de los menores.
En ese sentido, el vicepresidente de la Federación, Iván Andrés López, afirmó que “la Legislatura y la Gobernadora nos obligaron a tener que recurrir a los tribunales para impugnar la Ley 63 del 2025 que atenta contra el bienestar de menores trans”. López denunció además que “no hicieron vistas públicas, ignoraron a las entidades médicas profesionales, a su propio Secretario de Salud para convertir en ley una medida que pone en peligro no tan sólo a menores trans, sus padres y madres, sino a los profesionales que cumplan con su deber y les atiendan”.
Por su parte, la licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez, integrante del Consejo Asesor de la Federación, explicó que el Proyecto del Senado 350, convertido en ley por la gobernadora, “levanta grandes cuestionamientos de índole constitucional”. Fontanet-Rodríguez detalló que “nuestra Constitución es de factura más ancha que la Constitución de los Estados Unidos, es de decir, la nuestra garantiza mayores protecciones, el derecho a la intimidad y la prohibición a la discriminación por sexo surge explícitamente de su texto”.
Además, advirtió que “al convertir en ley el PS350 la gobernadora no tan solo le hizo caso omiso a nuestro Estado de Derecho, sino que ignoró a profesionales de la salud, de la psicología y profesionales del derecho que alzaron su voz sobre lo perjudicial que sería esta medida no tan solo para la juventud trans, sino para los derechos de las personas menores de edad y los derechos parentales por interferir con decisiones médicas de los padres y madres que ostentan la patria potestad”. Sin embargo, Fontanet-Rodríguez fue enfática en señalar que “la lucha no culmina aquí, nos veremos en los tribunales”.
En representación de la comunidad afectada, Kari Claudio Betancourt, parte del Consejo Asesor, expresó su experiencia personal: “Como persona no binaria que llevo más de tres años accediendo cuido médico de afirmación de género, puedo confirmar que este cuido me ha salvado la vida”. Además, manifestó “una tristeza profunda por la juventud trans y de género no conforme en Puerto Rico que no va a poder acceder este cuido y por les proveedores médicos que son aliados de nuestra comunidad, quienes serán penalizades por ejercer su profesión”.
Betancourt subrayó que “profesionales de la salud en Puerto Rico y alrededor del mundo han reafirmado el apoyo y el éxito científicamente probado de estos procedimientos. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para que la ciencia y los derechos humanos prevalezcan y para que la niñez y juventud trans en Puerto Rico pueda vivir en paz en nuestro archipiélago”.
En línea con esta postura, Ivana Fred Millán, directora de la Federación, alertó que “con esta ley, están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias. Les están negando una oportunidad de vida, una esperanza de poder ser atendidos por profesionales de la salud que velen por su bienestar.” Fred Millán calificó la situación como “un día muy triste que, aunque duele, nos impulsa a seguir luchando para revertir el daño que hoy convierten en ley.”
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Cabe destacar que la ley impone penas de hasta 15 años de cárcel, multas de $50,000 y revoca licencias a quienes realicen terapias de afirmación de género a menores de 21 años, tratamientos avalados por asociaciones médicas nacionales e internacionales.
Por su parte, Justin Jesús Santiago, director de la Federación, responsabilizó directamente a la gobernadora y a legisladores de varios partidos: “Les debe dar vergüenza de mirar a la cara a sus familiares, amigos, empleados y correligionarios que son LGBTQ+, pues con sus votos legalizaron el maltrato, el discrimen y el abandono en su contra”.
