Physician H.M.O., Inc., conocida como Physician Correctional, presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su secretario, Francisco Quiñones Rivera, para intentar impedir lo que describen como una cancelación ilegal y arbitraria del contrato que los mantiene a cargo de los servicios médicos en las instituciones penales del país hasta el año 2028.
La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicita un interdicto preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria, para frenar la terminación del contrato de $11 millones anuales y anular el proceso paralelo de contratación que el DCR lanzó para sustituir a la empresa.
PUBLICIDAD
Según los documentos legales, Physician alega que la intención de cancelar su contrato responde a represalias político-partidistas debido a que sus directivos apoyaron al exgobernador Pedro Pierluisi durante las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2024, y no a razones operacionales o contractuales.
“La actual Gobernadora prometió públicamente cancelar el contrato de Physician sin conocimiento alguno sobre su desempeño contractual… exclusivamente por el apoyo que los directivos de Physician brindaron al contrincante primarista de la Gobernadora”, alega la demanda.
Proceso sin debida notificación
Physician sostiene que el DCR no cumplió con los requisitos contractuales para rescindir el acuerdo, incluyendo notificación formal de incumplimiento ni oportunidad para corregirlo, como estipula el artículo 21 del contrato vigente.
Aunque el secretario Quiñones Rivera había declarado a la prensa que se notificó la intención de cancelar el contrato “en los próximos 30 días”, Physician argumenta que recibieron una carta formal de cancelación fechada el 1 de julio de 2025, sin que mediara el proceso establecido por contrato.
La empresa también advierte que la cancelación pone en peligro la continuidad de servicios médicos esenciales y las acreditaciones nacionales del sistema correccional, como el Pinnacle Award otorgado en julio por la National Commission on Correctional Health Care (NCCHC).
PUBLICIDAD
Acusan proceso paralelo de contratación “ilegal”
Simultáneamente con la carta de cancelación, el DCR publicó una convocatoria para contratar una nueva empresa. Physician asegura que este proceso:
- No sigue la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
- Invoca una orden ejecutiva (OE-2021-029) que no aplica al tipo de servicios contratados.
- Viola órdenes federales del caso Morales Feliciano, que exige procesos competitivos para contratar servicios médicos penitenciarios.
La demanda también denuncia que los informes utilizados por el DCR para justificar la cancelación, como el de la empresa UTICORP, fueron preparados sin metodología adecuada, sin acceso completo a los récords médicos y con potencial conflicto de intereses, al tener contratos previos con otras agencias relacionadas al caso.
El caso Ávila Vázquez
Uno de los detonantes de la controversia fue el caso de Hermes Ávila Vázquez, un confinado convicto por asesinato que obtuvo un pase extendido bajo recomendación médica y que luego cometió un feminicidio. Aunque Physician participó en la evaluación médica, enfatiza que la decisión final fue del DCR, y que ningún médico incurrió en conducta negligente o ilegal, según una investigación del Departamento de Justicia. Actualmente los médicos del panel están bajo un proceso disciplinario de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. La empresa había dicho a Metro que cada médico lleva su propia representación legal, por lo que Physician Correctional “no está involucrado”.
Por el caso de Ávila Vázquez, el estado y Physician Correctional enfrentan otra demanda de los familiares de Ivette Joan Meléndez, la mujer asesinada cuando este salió de la cárcel. La familia reclama daños por $41 millones. Mientras, que los empleados despedidos el cuatrienio pasado por el manejo de este caso también demandaron al DCR a nivel federal alegando motivaciones políticas para usarlos de “chivos expiatorios” y despedirlos. Estos reclaman daños por $5 millones.
En la demanda actual, Physician advierte que una cancelación sin fundamento legal afectaría la estabilidad del sistema de salud en las cárceles, comprometiendo tratamientos en curso, acreditaciones y derechos fundamentales de la población penal.
“La interrupción precipitada de estos servicios públicos... constituye una violación flagrante del debido proceso”, sostiene la demanda, que también invoca el estatuto federal 42 U.S.C. § 1983 para vindicar sus derechos constitucionales.
La representación legal de Physician Correctional está a cargo de los abogados José A. Andréu Fuentes, Frank Torres-Viada, Alfonso Martínez Piovanetti y Edgardo Rivera García. Andréu Fuentes y Torres-Viada habían estado en los medios de comunicación anticipando esta acción judicial.
