Pese a que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) rechazó la renegociación del contrato con Genera PR, el gobierno no contempla cambiar de operador y dejó en manos de la empresa la opción de revisar su propuesta.
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Las expresiones oficiales quedaron a cargo del director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (APP) y zar de energía, Josué Colón, quien explicó que el objetivo de las enmiendas era evitar que la empresa pudiera beneficiarse con fondos públicos.
“Eesas enmiendas iban dirigidas a que la compañía GENERA no tuviera la posibilidad alguna de recibir para sí misma ningún tipo de bono o incentivo mediante los proyectos que se van a pagar con fondos públicos sean estatales o federales. Ese es el objetivo”, afirmó.
Colón añadió que el Negociado de Energía evaluó el contrato y optó por fortalecerlo.
“El negociador evaluó ese contrato y determinó añadir unas protecciones adicionales a las que ya se habían incluido en el contrato”, indicó.
“Por lo tanto, no es que el negociador rechazó las enmiendas que se le cometieron como parte de este proceso. El negociador lo que hizo fue añadir una protección adicional para el interés público. Por eso nosotros no tenemos comentarios adicionales sobre ese particular”, continuó.
Ahora, el proceso continúa en manos de la empresa. “Se le refirió a Genera para que Genera evalúe lo que el negociador solicitó y, de estar de acuerdo, Genera se presentará de nuevo al negociador para la aprobación correspondiente. Esa es la etapa en la que se encuentra ahora mismo”, concluyó Colón.
Según un informe de FTI Consulting, esta fórmula sería más viable dada la dificultad para medir los ahorros en combustible, argumento que fue ampliamente criticado por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), al catalogar el análisis como “circular e insostenible”.
El Negociado de Energía determinó que la propuesta no cumplía con varios requisitos clave, como desistir de litigios contra la AAPP, proveer información financiera actualizada y presentar una fianza de cumplimiento. También ordenó la devolución de $40 millones cobrados a los consumidores para adelantar ese esquema de pago, aunque no está claro cómo se reflejará ese reintegro en la factura.
