A pocos días de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) celebre una reunión para seleccionar a la próxima persona que ocupará la presidencia del principal sistema universitario del país, los cinco sindicatos que representan a trabajadores universitarios reclamaron un proceso transparente, participativo y libre de injerencias externas o político-partidistas.
La Alianza de Empleados Representados en la UPR —compuesta por la APPU, FLEURUM, HEEND, SITPR y UBOS— expresó en un comunicado su profunda preocupación ante la posibilidad de que se imponga una candidatura sin el respaldo de la comunidad universitaria.
Según denunciaron los gremios, la gobernadora Jenniffer González pretende impulsar la designación de una candidata externa a la presidencia de la UPR. En caso de que esa opción no se concrete, alegan que se favorecería la permanencia del actual presidente interino, Miguel Muñoz. Ambas alternativas fueron rechazadas por las organizaciones, que adviertieron sobre el peligro de tomar decisiones sin una consulta amplia y abierta a todos los sectores universitarios.
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“Rechazamos la imposición de candidatos sin el aval de la comunidad universitaria”, afirmaron los sindicatos. Señalaron que promover nombres sin transparencia y sin la participación efectiva de la comunidad representa una falta de respeto a los principios democráticos que deben guiar la gobernanza institucional.
Los sindicatos plantearon que decisiones similares en el pasado han resultado perjudiciales para la universidad. “La UPR necesita un liderazgo comprometido y consciente de su realidad”, destacaron, en alusión a la presidencia de Jorge Haddock, designación externa que —según alegaron— fue costosa y desconectada de las verdaderas necesidades de la institución.
Las organizaciones exigieron que la Junta de Gobierno actúe con “integridad, transparencia y autonomía”, y reclamaron que la reunión convocada para el 21 de junio se realice de forma pública y que se garantice un proceso deliberativo abierto.
“Nuestra posición es clara: no toleraremos imposiciones ni decisiones tomadas a espaldas de la comunidad universitaria”, concluyeron, advirtiendo que están dispuestos a tomar acciones si se intenta validar un proceso que consideren ilegítimo o deshonesto.
