Líderes de la comunidad dominicana en Puerto Rico denunciaron como una “traición” la colaboración del gobierno de Jenniffer González Colón con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de un aumento en las redadas y arrestos de inmigrantes, incluso de algunos con estatus migratorio en proceso.
Claribel Martínez Marmolejos, química de profesión y representante de la comunidad inmigrante en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), advirtió que la entrega de datos personales vinculados a las licencias de conducir emitidas a personas sin estatus migratorio definido representa “una traición a la confianza” construida durante administraciones anteriores.
“Lo que está ocurriendo es una traición. El gobierno del Estado Libre Asociado, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, concedió licencias de conducir a personas residentes en Puerto Rico con estatus migratorio para que pudieran realizar gestiones cotidianas. Había confianza en ese proceso. Ahora nos enteramos que el gobierno de Jenniffer González está cooperando ampliamente con las políticas injustas de Donald Trump”, expresó Martínez Marmolejos en declaraciones escritas.
La controversia escaló luego de que el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), Yariel Ramos, confirmara en entrevista televisiva (Primera Pregunta) que el gobierno local compartió con ICE información sobre migrantes con licencias de conducir. El exgobernador García Padilla calificó la acción como “una maldad”, al señalar que entregar esa lista fue innecesario e inhumano.
La activista también relató que recientemente fue arrestado Don Alfonso, un vendedor dominicano de frutas y vegetales conocido por su presencia diaria en la Parada 26 del Tren Urbano. “Muchos inmigrantes no están saliendo de sus casas por temor. La gente no entiende que el proceso migratorio puede tardar años, es técnico y complicado”, subrayó Martínez.
Por su parte, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, coincidió en que la entrega de información constituye una violación a los derechos civiles. En entrevista con Metro al Mediodía, Rodríguez recordó que la iniciativa para permitir las licencias a inmigrantes fue aprobada en 2014 durante el gobierno de García Padilla. Desde entonces, más de 20,000 personas han obtenido ese documento.
“La gobernadora votó en contra de esa medida en su momento. No quiero pensar que esto sea una especie de venganza. Estamos viendo cómo se revierte un derecho adquirido”, afirmó Rodríguez.
Además de denunciar la colaboración del gobierno local con ICE, Rodríguez alertó sobre las consecuencias sociales de las redadas. “Ya han muerto dos personas durante intervenciones y se reportan golpizas por parte de agentes federales”, aseguró. También cuestionó la respuesta del Departamento de la Familia, que sostiene no tener bajo custodia a menores afectados por deportaciones.
“Eso solo demuestra que no están haciendo su trabajo. Hay niños que se descompensan en las escuelas cuando sus padres no los recogen porque fueron arrestados. Esto puede prestarse para trata humana, prostitución infantil y tráfico de órganos”, agregó el líder comunitario.
El Comité Dominicano informó que envió una carta a la congresista Nydia Velázquez y al congresista dominicano Adriano Espaillat, solicitando una investigación sobre lo que califican como “una limpieza étnica” contra la comunidad caribeña en Puerto Rico.
Rodríguez también denunció que ni el gobierno de República Dominicana ni el cónsul general han asumido una postura firme para defender a sus ciudadanos. “Nos dejaron solos. Solo les interesa el comercio y las remesas”, concluyó al señalar reuniones oficiales entre funcionarios de los gobiernos de Dominicana y Puerto Rico.
