El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este viernes que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) obtenga acceso a los sistemas de la Administración del Seguro Social, los cuales contienen información personal de millones de ciudadanos.
Con una votación dividida, el máximo tribunal respaldó la postura del expresidente Donald Trump en el primer caso de DOGE que llega a esa instancia. La decisión deja sin efecto una orden previa de una jueza federal en Maryland que restringía el acceso de este organismo a la información, amparándose en las leyes federales de privacidad. Las tres magistradas de tendencia liberal expresaron su desacuerdo con la resolución.
DOGE, una entidad creada para combatir el despilfarro y la corrupción en la administración pública, había sido dirigida inicialmente por el empresario Elon Musk, quien calificó al sistema de Seguridad Social como un “esquema Ponzi” y promovió la idea de que eliminar su supuesta ineficiencia era clave para reducir el gasto federal. Aunque Musk se ha apartado de la conducción directa del equipo, sus ideas siguen influyendo en su agenda.
La Administración del Seguro Social resguarda datos altamente confidenciales, incluyendo historiales médicos, registros escolares y detalles sobre ingresos laborales. La jueza Ellen Hollander, que había emitido la orden ahora revocada, argumentó que los intentos del equipo DOGE equivalían a una “búsqueda indiscriminada” sin fundamentos sólidos, y que permitirles un acceso sin límites ponía en peligro la privacidad de millones de estadounidenses.
El fallo de Hollander sí contemplaba ciertas excepciones: autorizaba el uso de datos anonimizados por parte de empleados previamente capacitados y con antecedentes verificados, y permitía accesos más amplios solo en casos debidamente justificados. No obstante, la administración Trump sostuvo que esas condiciones obstaculizaban el trabajo del equipo.
El procurador general John Sauer defendió ante el tribunal que la decisión judicial era un caso claro de interferencia indebida del poder judicial en las funciones del Ejecutivo, al imponer controles operativos sobre una agencia federal.
Por su parte, los demandantes —un grupo de sindicatos y jubilados representados por Democracy Forward— insistieron en que la orden de la jueza era precisa, limitada y esencial para resguardar datos personales sensibles.
Un tribunal de apelaciones había rechazado anteriormente levantar el bloqueo contra DOGE, en una votación también dividida. Algunos jueces conservadores, en minoría, afirmaron que no existían pruebas de que el equipo hubiera utilizado la información para “espiar selectivamente” o divulgar datos privados.
Esta demanda es una entre más de veinte interpuestas contra el accionar de DOGE, cuya gestión ha incluido fuertes recortes en diversas agencias y despidos a gran escala de empleados públicos. En total, la administración Trump ha enfrentado cerca de 200 demandas contra su agenda conservadora, abarcando temas como inmigración, educación y el redimensionamiento del aparato federal.
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