La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió a la Asamblea Legislativa que el Proyecto del Senado 130, que busca extender beneficios por incapacidad o muerte a servidores públicos contagiados durante pandemias como el COVID-19, es incompatible con el Plan de Ajuste de la Deuda, el plan fiscal certificado y la ley federal PROMESA.
En una carta enviada el 12 de mayo a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, la JSF indicó que la medida, tal como fue aprobada en el Senado y ahora pendiente en la Cámara, “viola una orden federal del tribunal” al expandir beneficios definidos de pensiones sin establecer fuentes de financiamiento ni medidas de compensación.
El proyecto —de la autoría del senador Gregorio Matías— propone enmendar la Ley 127-1958 para garantizar pensiones por incapacidad ocupacional o muerte a policías, oficiales correccionales y otros servidores públicos esenciales que se hayan contagiado con una enfermedad durante una pandemia declarada por el presidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, la JSF subrayó que el Plan de Ajuste aprobado en 2022 prohíbe la creación de nuevas obligaciones relacionadas con pensiones por un periodo de diez años, y que los participantes del Sistema 2000 no pueden recibir beneficios adicionales como los que contempla la medida. También criticó que el proyecto se aprobara sin contar con análisis fiscal por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) ni del Sistema de Retiro.
“La aprobación de legislación fuera del proceso presupuestario, que crea nuevas obligaciones sin los recursos para sostenerlas, es fiscalmente irresponsable y entorpece la recuperación económica de Puerto Rico”, indicó el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, en la misiva.
La Junta pidió detener el proyecto en su forma actual y advirtió que se reserva el derecho de tomar acciones legales para evitar su implementación.
