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DDEC reconoce incentivo para médicos como “pernicioso” para Puerto Rico

La industria del cine y de la agricultura también reflejaron un retorno de inversión negativo, en comparación con otros sectores incentivados.

Migración. Médicos puertorriqueños consiguen mejores condiciones laborales en otras jurisdicciones. / archivo
Médico Archivo (Dennis A. Jones)

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Un informe elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) que analiza el retorno de inversión de individuos y entidades beneficiadas con incentivos económicos sustenta que los decretos otorgados a médicos cualificados no son viables para la economía de la isla.

Según el informe Evaluación del Desempeño de Incentivos Económicos, los incentivos para médicos son de los más costosos por los altos ingresos que generan estos profesionales, que en promedio alcanzan $270,000. “Es difícil determinar qué médicos se hubieran retenido en Puerto Rico sin el incentivo”, reconoce el estudio.

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“Eso es un costo directamente pernicioso (perjudicial) para el país”, reconoció el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda. “Sin embargo, su decisión no está basada en la parte económica, está basada en la parte social. El Estado está consciente de eso, pero asumió la responsabilidad de darle un trato contributivo distinto al médico”, amplió el jefe de agencia en conferencia de prensa.

Los médicos no están requeridos a someter información anualmente sobre su actividad empresarial ni estatus laboral, por lo que no cuentan con datos concretos para realizar un análisis del impacto de los decretos otorgados bajo la Ley 14 de 2017 y el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 - 2019).

Para el año 2020, se beneficiaron 4,044 médicos cualificados del incentivo, identifica el documento. Metro informó que, hasta 2021, se emitieron 4,624 decretos bajo la Ley 14 y 313 bajo el Código de Incentivos, pero poco más de 2,000 solicitudes quedaron varadas en 2022 tras la paralización del incentivo por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Cine y agricultura reflejaron retorno de inversión negativo

Entre los hallazgos principales que aborda el estudio está que las corporaciones foráneas incentivadas de manufactura generaron los ingresos fiscales más altos, que alcanzaron $2.6 mil millones en 2022, seguido por Exportación de Servicios (Ley 20) con $418 millones y Residente Inversionista (Ley 22) con $201 millones, de los que $144 millones corresponden a pagos por contribución sobre ingresos.

Con datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, se obtuvieron los datos de empleos generados por las empresas, que alcanzan 40,997 para manufactureras extranjeras, 22,192 bajo Ley 20 y 8,266 en Ley 22. Según el director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, Carlos Fontán Meléndez, las cifras de empleos son “conservadoras” porque no contabilizan empleos en negocios de las mismas industrias que no están incentivadas bajo el DDEC.

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Por otro lado, la industria de manufactura doméstica, que generó casi $532 millones en ingresos fiscales y cuyos costos ascendían a $504 millones, obtuvo un retorno neutral de 5.3 %, al igual que la industria de turismo que rindió 3.2 % de retorno.

Mientras, en la industria fílmica, que forma parte de las industrias creativas, y la agricultura reflejaron un retorno negativo cuando se analiza los beneficios contra los costos de ambas industrias. Bajo estas industrias, se registran costos ascendentes a $102.7 millones y $51.1 millones, respectivamente, contra ingresos de $51.9 y $10.7 millones.

Desde 2020 hasta 2022, 45 proyectos cinematográficos recibieron incentivos por la Ley 60, que representaron $51.9 millones en ingresos fiscales, pero $102.9 millones en costos, por lo que el erario solo recuperó cerca de la mitad de lo invertido en la industria. Para aumentar el retorno de inversión, el informe recomienda crear una presencia más permanente en Puerto Rico, que podría lograrse mediante el establecimiento de un estudio de cine local con retención de propiedad intelectual e ingresos consistentes reportados localmente.

Mientras, para la agricultura, Cidre Miranda abundó que se necesita integrar un valor añadido para maximizar el potencial de la agricultura mediante producción de alimentos u otras oportunidades. “Lo que tenemos como procesamiento de inventario [agrícola] es limitado. Estamos incentivando todo lo que tenga que ver con productos agregados de agricultura para aumentar rentabilidad y para enfocar al agricultor en productos agrícolas de valor”, sostuvo.

Amplió además sobre la alta competitividad en el mercado, que no solo considera los incentivos, sino más factores como desarrollo laboral, talento, acceso a capital, energía y ubicación. “En adición a incentivos, el mundo nos está exigiendo mucha competitividad”, dijo Cidre Miranda tras mencionar que las empresas foráneas le han comunicado que los incentivos “no son suficientes” y permanecen radicados en Puerto Rico por talento.

El director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, Carlos Fontán Meléndez, también aludió a que si se eliminan las leyes de incentivos, las empresas foráneas buscarían otras tasas preferentes en otras jurisdicciones. “Si la quitan, no hay incentivo para quedarse”, concretó.

Dificultad en recopilación de datos

El estudio consistió en recopilar información por más de seis meses, según el subsecretario del DDEC, Humberto Mercader Pérez, de los departamentos de Hacienda, Trabajo y Recursos Humanos, Agricultura, Turismo, la Junta de Planificación y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para proveer un perfil más certero de las personas y entidades incentivadas.

El informe resalta los obstáculos en desarrollar los hallazgos como inconsistencias en formatos de datos entre agencias, lo que requirió una limpieza de datos extensa. “La ausencia de una base de datos centralizada que englobe todos los incentivos ofrecidos por el Gobierno de Puerto Rico crea un reto constante para el DDEC para medir el desempeño de los incentivos”, reza el documento.

Asimismo, la falta de minuciosidad y especificidad en los datos disponibles representaron un reto para la elaboración del documento. Algunos datos que faltaron para ciertas industrias como agricultura incluyen el número de beneficiarios y duración de exención. También puede que algunas agencias solo tengan datos agregados, en lugar de datos individuales.

No obstante, el estudio, según Cidre Miranda, ayudará a decidir dónde invertir dinero para mejorar la actividad en las áreas con retorno negativo y también ampliar la potencia en las positivas. Los hallazgos también permitirán ofrecer datos reales de efectividad de los incentivos para requerimiento de información en el desarrollo de política pública, entre otros fines.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

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