La doctora Onelys Ariane Uzcategui, en 2017, partió a Nueva York para obtener una especialidad en oftalmología y, cuatro años después, empezó una subespecialidad en retinología en el estado de Oregon, que terminaría en 2023. Su plan original “era siempre volver”, pero ese año se unió a la clase médica expatriada.
Mientras transicionaba de un estado a otro para los entrenamientos, decidió solicitar, a través de una firma de contadores públicos autorizados, el incentivo económico que establece una tasa contributiva de 4 % a médicos especialistas para regresar a Puerto Rico, otorgado por el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019). (En 2017, se aprobó la Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos [Ley 14], que otorga este beneficio y que fue agrupada bajo la Ley 60).
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La firma le aconsejó a la galena que iniciara el proceso de solicitud del incentivo un año antes de completar el programa porque, de aprobarse el decreto, debería comenzar a trabajar dentro de un año. “Lo habían dejado pendiente para solicitar en 2022, porque terminaba [la subespecialidad] en 2023, y, en ese proceso, lo quitaron (el incentivo). Me dijeron que se había caído, porque lo habían aprobado para demasiada gente”, explicó a Metro Puerto Rico.
En efecto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo la implementación de estos incentivos tras aprobarse la Ley 47 del 2020 —que amplió el alcance de profesionales de salud elegibles a dentistas, quiroprácticos, optómetras, audiólogos y podiatras— porque reduciría los ingresos del Gobierno por $200 millones en cinco años, esbozó el organismo creado por la Ley PROMESA en un intercambio de cartas con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Esta reducción de ingreso, sin un plan de recobro, contravenía el principio de neutralidad fiscal contemplado en el plan fiscal, planteó la JSF.
Un total de 2,332 solicitudes —de 2,790 radicadas bajo el Código de Incentivos —quedaron en el tintero tras la paralización de la ley por la JSF. La determinación fue objeto de un litigio legal que alcanzó el Primer Circuito de Boston, foro judicial que confirmó la decisión del ente fiscal, recordó el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero Díaz, en entrevista con Metro Puerto Rico.
“El Gobierno no tiene autoridad en ley para atender favorablemente esas solicitudes [paralizadas] o conceder los decretos”, concretó el también secretario de Estado.
De acuerdo con la lista de decretos de beneficiarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), actualizada hasta mayo del año pasado, hubo 4,624 beneficiarios bajo la Ley 14, entre 2017 y 2021. Por otro lado, bajo el Código de Incentivos, se aprobaron 313 decretos entre 2020 y mediados de 2023.
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Mientras tanto, Uzcategui, quien ahora reside y ejerce en Tampa, Florida, lamentó que si decidiera regresar a Puerto Rico, estaría en desventaja en comparación con sus colegas que recibieron la exención contributiva y por la alta carga laboral que, dijo, no sufre en su empleo actual.
“Si lo tenía (el decreto), maybe (quizás) vale la pena bregar con el sistema de Puerto Rico, como funciona la medicina allí —tener que ver el triple de pacientes para poder ganar lo mismo que gano acá”, concretó. “Si lo vuelven a poner, contemplaría volver”, puntualizó.
Alegan discriminación
El internista Jorge Rivera Torres, radicado en Guánica, solicitó a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM) del Departamento de Salud (DS) en 2018 un certificado de Médico Cualificado, que es requisito para obtener el decreto bajo la Ley 14 y se expedía de acuerdo con la especialidad, el área geográfica y la necesidad, según una carta circular.
La JLDM denegó la solicitud del internista porque no encontraron necesidad o escasez de médicos en la región suroeste (la junta había identificado 192 internistas en el área). Rivera Torres, por su parte, demandó a Salud por la denegación y alegó que, basado en un análisis propio, había 48 internistas en su región.
Aunque el médico denunció que las estadísticas de la JLDM eran del 2015 y reclamó que se evaluara su petición con datos actualizados, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de Salud porque las disposiciones reglamentarias son “claras y controlan su solicitud”, establece la sentencia del tribunal.
Para la licenciada Monique González Zayas, quien con las abogadas Loira Acosta Báez y Karolee García ayudó a alrededor de 60 médicos a completar solicitudes para obtener el beneficio contributivo, la otorgación de estos incentivos fue “discriminatoria” por no aprobar decretos para internistas o pediatras en municipios con mayor población.
Aunque señaló que la Ley 47 abarcó demasiados profesionales de salud, cuando el incentivo originalmente era dirigido a médicos especialistas, criticó que no se contempló a los paramédicos ni enfermeros.
“Quisieron abarcar todo, pero dejaron fuera a los paramédicos y enfermeros, que tanta necesidad hay. Si hay gente que necesita incentivos contributivos, son ellos. No hubo buena distribución”, expresó. “Ahora todo eso [está] en hold (pausa) y no sabemos cuándo se vuelve a abrir”, manifestó.
Pese a que el Código estableció fechas límites para solicitar el decreto, hubo dos leyes —la Ley 106 de 2020 y 52 de 2022— que prolongaron el período de solicitud hasta el 30 de junio de 2022. La JSF catalogó como “preocupante” si las 2,332 solicitudes detenidas se aprobaran por estas extensiones de fechas, nuevamente, por el impacto al presupuesto gubernamental, lo que no ocurrió.
Entre las dos extensiones, se autorizó, mediante la Ley 60 del 2021, emitir decretos por “necesidad apremiante” a cirujanos cardiovasculares y torácicos y anestesiólogos cardiovasculares. Según el secretario de Salud, Carlos Mellado López, solo un cirujano regresó a Puerto Rico por este decreto.
De acuerdo con estadísticas actualizadas del DS, en Puerto Rico, hay diez de estos cirujanos y un anestesiólogo elegibles por necesidad apremiante. Aunque el jefe de agencia indicó que el período para solicitar caducó, tanto la Carta Circular 2021-008 como Marrero Díaz aseguraron que las solicitudes cierran el 31 de diciembre de este año.
La JSF también cuestionó el incentivo por necesidad apremiante, que el Gobierno estimó que impactaría al fisco por $16 millones anuales, por la baja participación de médicos elegibles. Para contrarrestar este impacto presupuestario, la junta fiscal redujo el presupuesto del Gobierno por $47 millones, indica otra misiva de la organización.
Según Marrero Díaz, la cuantía de $47 millones es un “estimado conservador” que se retiene porque “si hay un impacto que se deja de devengar por la reducción de tasa, debe haber una reducción al presupuesto”, explicó. “La Junta entendió meritorio hacer esa reserva”, acotó.
El director ejecutivo de Aafaf también añadió que, tras la paralización, la JSF solicitó un estudio que analice el ambiente salubrista en el archipiélago para determinar causas del éxodo de médicos y qué especialidades —de las elegibles originalmente por la Ley 14 y el Código de Incentivos— requieren el impulso económico y, entonces, desarrollar un reglamento de implementación.
“[Las solicitudes] están en pausa hasta tanto y en cuanto se finiquite la discusión y se llegue a un acuerdo con la junta fiscal a cómo se puede[n] atender a base del estudio y el reglamento”, expuso Marrero Díaz.
Para el estudio, el cuerpo fiscal contrató a la firma de consultoría FTI Consulting, que también tiene contratos con Salud y el Programa de Medicaid para realizar otras propuestas a nivel federal. Esperan que los hallazgos del estudio estén listos para finales de septiembre, adelantó el ejecutivo.
El director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico del DDEC, Carlos Fontán Meléndez, afirmó que, pese a la intermitencia del incentivo del 4 %, los médicos pueden solicitar beneficios contributivos por la sección de Joven Empresario (aplicable a personas menores de 36 años) o por el capítulo de Exportación, si ofrecen servicios de telemedicina, por ejemplo.
Metro Puerto Rico identificó, al menos, seis beneficiarios bajo Joven Empresario con empresas que ofrecen servicios de gastroenterología pediátrica, cirugía neurológica, oftalmología y cardiología. Mientras, otros negocios relacionados a la salud involucran la quiropráctica, psicología, periodoncia, laboratorios y consultorías de manejo de salud. Bajo exportación, al menos, dos empresas se benefician por ofrecer servicios de telemedicina.
Por su parte, el secretario de Salud indicó que “todos los efectos [de estrategias de retención de médicos] los vamos a ir viendo dentro de tres, cuatro, cinco años. Vamos a ver si [con] todo lo que estamos haciendo tenemos resultados positivos”, amplió Mellado López, refiriéndose a los decretos ya concedidos, la apertura de 135 residencias nuevas y un estipendio de $1,000 mensuales para médicos residentes.
Mientras tanto, Mellado López sostuvo que no vislumbran retomar el beneficio contributivo, aunque “es una posibilidad en el futuro”. Si decidiera reanudarse, “se tendría que legislar y tener el aval de la Junta (de Supervisión Fiscal). Ellos están bien positivos en ayudarnos a hacer cualquier tipo de medida que podamos hacer para retener profesionales”, proclamó.
Uzcategui, por su parte, expresó que no puede continuar esperando por que el Gobierno decida reanudar el incentivo contributivo. Reconoció que hacen falta más especialidades en Puerto Rico, pero “pasan los años y me tengo que establecer. Yo tengo una hija de tres años… no puedo estar esperando a que ellos decidan si lo van a aprobar de nuevo o no para mover mi vida de nuevo allá”, precisó.
