Cuarenta y nueve empleados de los Museos Vaticanos presentaron una demanda colectiva ante el gobierno del Vaticano para reclamar mejores condiciones de antigüedad, bajas por enfermedad y compensaciones de horas extra, en un inusual desafío público a la gobernanza del papa Francisco.
La demanda, con fecha del 23 de abril y hecha pública este fin de semana en periódicos italianos, también alega que el personal corre riesgos de salud y seguridad debido a medidas de reducción de costes y que parecen generar beneficios en los museos, como las aglomeraciones y la reducción de guardas de seguridad para mantener a los turistas a raya.
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Ni el portavoz del Vaticano ni el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente del gobierno estatal del Vaticano y responsable de los museos, respondieron a un email que solicitaba comentarios.
La demanda era un nuevo desafío legal que subraya cómo las leyes, regulaciones y prácticas del Vaticano son con frecuencia incompatibles con las normas europeas y europeas. En los últimos meses, casos penales y civiles han dejado sobre la mesa cómo los trabajadores del Vaticano, especialmente ciudadanos italianos legos, tienen pocos o ningún recurso más allá del peculiar sistema judicial de la ciudad estado, una monarquía absoluta en el que Francisco ostenta la máxima autoridad ejecutiva, legislativa y judicial.
En la demanda colectiva, escrita y firmada por la veterana abogada vaticana Laura Sgro en nombre de los 49 trabajadores, empleados de museo citaron las enseñanzas sociales de la Iglesia católica y las propias peticiones de Francisco a que los empleadores respeten la dignidad de los trabajadores que reclaman un trato mejor.
Entre otras cosas, los denunciantes reclamaron más transparencia sobre cómo pueden ascender los empleados y que se restablezcan las primas por veteranía, además de insistir en que el Vaticano cumpla las normas italianas sobre ausencias por enfermedad. En este momento los empleados deben quedarse en casa todo el día, en lugar de unas pocas horas, para esperar una posible visita de comprobación de que no están simplemente tomándose un día libre, señaló la demanda.
Según las normas laborales del Vaticano, Verzaga tiene 30 días para responder a la demanda. Si no se inician conversaciones, Sgro puede llevar las quejas a la oficina laboral del Vaticano para intentar una reconciliación negociada, lo que podría terminar en la corte. Sin embargo, la oficina puede negarse a tramitar el caso, algo que según los abogados hace con frecuencia, lo que deja a los empleados sin más recursos.
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En casos recientes presentados ante el tribunal vaticano, los abogados han indicado que podrían intentar llevar las demandas de los empleados sobre el sistema ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Santa Sede no es miembro del tribunal ni ha firmado la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero algunos abogados dicen que sin embargo, el Vaticano se comprometió a respetar las normas europeas de derechos humanos cuando se sumó a la convención monetaria de la Unión Europea en 2009.
Los Museos Vaticanos son una de las principales fuentes de ingresos del Vaticano, dependientes de la burocracia de la Santa Sede, que actúa como gobierno central de la Iglesia católica. Los museos, que sufrieron un duro golpe financiero por los cierres y restricciones asociados al COVID-19, subieron a principios de año el coste de la entrada completa a 20 euros (21,50 dólares), respecto a los 17 euros previos.
