El caso del exconvicto Hermes Ávila Vázquez continúa levantando denuncias contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en esta ocasión, por la aspirante a un escaño al Senado por Acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), la doctora Ada Álvarez Conde, quien propuso paralizar los programas de desvío para personas agresoras y, a su vez, denunció fallas por parte Physician HMO y violación a los derechos humanos hacia los confinados.
“Ivette Joan Meléndez ha muerto por las fallas del Gobierno, otras también. En este caso de Hermes Ávila Vélez vemos burlas a la ley, un posible caso de corrupción e inversionismo político y, sobretodo, impunidad. Estamos en un Estado de Emergencia por Violencia de Género en el País y tenemos un sistema que no funciona atendiendo al feminicida y agresor, es hora de que pongamos atención”, manifestó Álvarez Conde.
La también activista de violencia de género estableció que es fundamental atender las fallas de Physician HMO y su “impunidad del error”, el estado actual de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras y la falta de la Junta Reguladora de los mismos.
Asimismo, denunció “las faltas de investigaciones ante los confinados muertos y violaciones de derechos humanos a los mismos“.
La compañía Physician HMO está bajo intenso escrutinio, pues fue la encargada de evaluar y generar el informe médico que, alegadamente, certificó al asesino como parapléjico. Ávila Vázquez, luego de salir de la institución, asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega y huyó a pie luego de los sucesos.
Según el contralor electoral, Walter Vélez, el DCR otorgó un contrato de $73.7 millones de dólares, $16 millones más que el año anterior, informó Álvarez Conde.
“Se ha constatado, además, que la persona encargada de esto es un donante recurrente, pero el problema no es donar, el problema es que lo que ha salido es que se va a investigar y no se ha hecho nada para paralizar y evaluar los servicios. Esto, a pesar de que este contrato es oneroso y pone en manos privadas un servicio del gobierno. Ante esta falla que le costó la vida a Ivette, lo que escuchamos es al gobernador defender los servicios, a pesar de que fueron señaladas irregularidades en el pasado“, argumentó.
En 2016, el DCR evaluó al confinado Ávila Vázquez y determinó que no merecía un pase extendido a la libre comunidad por motivos de enfermedad terminal. En 2023, se le concedió la libertad bajo la Ley 25 de 1992, que provee este privilegio para convictos con condiciones de salud terminal.
“¿Cómo uno explica que un panel de médicos certifique a alguien como parapléjico que no lo es? El otro argumento del caso es que la “silla era cara”, eso es peor, se pueden comprar varias sillas con $77 millones. El problema aquí es que Hermes Avilés no es el único feminicida que este año ha pasado por Corrección o por un programa de desvio. ¿Cómo siguen dando la opción de desvío a agresores acusados si ni siquiera la junta que los regula está en funciones?”, expresó Álvarez Conde.
Como reportó recientemente Metro Puerto Rico, los programas de Reeducación y Rehabilitación para Personas Agresoras están bajo la lupa, en especial, por la falta de la constitución de su Junta Reguladora que los fiscalice y establezca sus reglamentos. La Ley Núm. 54 de Violencia Doméstica en Puerto Rico dispone que agresores que no tengan un récord criminal o incidentes previos, pueden ser parte de los programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras o los Programas de Desvío, si ellos lo desean o así lo determine un juez.
La Junta debe estar compuesta por siete miembros, pero actualmente hay cuatro vacantes. Al esta no estar constituida, no se pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejorías en los programas o modificar su reglamento y currículo. Al momento, la Junta tiene al representante del DCR, Alex Joel Torres Guzmán; la Procuradora Interina de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria y, acaba de ser nombrada la abogada, Lcda. María del Rosario García.
El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del DCR, del Departamento de Familia (DF), directora ejecutiva o comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
“Aquí es que viene el escándalo, no solamente falta data de cómo funcionan y el contenido de los programas, sino que la junta no está constituida y aparentemente ni se puede reunir. […] Estamos hablando que mujeres asesinadas este año, en donde hay personas que participaron del programa de desvío. Son culpa del estado. Es una barbaridad”, sentenció la aspirante al Alto Cuerpo.
La Dra. Álvarez Conde trabajó como Directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer, 2013 al 2016 y, en aquel entonces, hubo denuncias ante la falta información y regulación sobre los programas de desvío para personas agresoras.
Varias organizaciones y activistas coinciden con los reclamos, como la psicóloga social comunitaria, Katherine Angueira, quien estuvo en el proceso de creación de Ley 54. La también feminista aseguró a Metro Puerto Rico que el enfoque no debe estar en la Kunta, sino en cómo operan los programas.
Katherine Angueira levanta banderas ante programas para agresores
La activista exigió que se investigue el estado actual de los confinados, luego que La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, en inglés) presentó nuevo informe que revela las múltiples violaciones de derechos humanos y civiles que la población confinada ha sufrido a lo largo de los años.
“No sólo eso, en Puerto Rico, se registraron entre 2020 y 2021 un total de 59 muertes de presos. Entre 2021 y 2022 hubo un aumento en este dato, alcanzando los 94 fallecimientos, y desde el inicio de 2023 ya habían 58 decesos, según las cifras del DCR. Esta semana surgió una noticia sobre la muerte de un confinado nuevamente”, sostuvo por medio de un comunicado de prensa.
“Exijo que se detenga la otorgación de estos programas, se investiguen los posibles actos de encubrimiento relacionados a inversionismo político, que se le haga justicia a las víctimas de violencia de género pero sobre todo. Que por el bien del país, le expliquen a Puerto Rico como se va a atender a los agresores y se cumple con la rehabilitación de los mismos, al final también se le debe cumplir a los confinados también”, reclamó.
