“No es correcto que no esté constituida (la Junta Reguladora de Desvío), solamente hay una vacante al presente, está operando sin pausa, tiene quórum y están haciendo su labor […] No, al revés, solamente hay cinco puestos ocupados, una persona se retiró recientemente y si acaso se acaba de retirar, si acaso hay una vacante. Es al revés, la información que surgió de la investigación es errada”. Con esa expresión el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, aseguró la semana pasada que la Junta Reguladora de los Programas de Desvío está constituida y operando.
La aseveración es falsa, según la verificación de los datos realizada por este medio.
Las expresiones del Gobernador surgieron durante la firma de acuerdos entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Poder Judicial para agilizar el manejo de órdenes de protección bajo la Ley Núm 54.
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Metro Puerto Rico confirmó que la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras (JRPRRPA) o Desvío no está constituida en su totalidad desde el 18 de noviembre del 2020 y, actualmente, hay cuatro vacantes.
El cuerpo fiscalizador debe estar compuesto por siete miembros nombrados por el gobernador; un representante del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), del Departamento de Familia (DF), Directora Ejecutiva o Comisionada de la Comisión de los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un trabajador social, un psicólogo y un abogado con experiencias en el tema.
Al momento, la junta tiene al representante del DCR, Alex Joel Torres Guzmán; la Procuradora Interina de la Mujer, Madeline Bermúdez Sanabria y, acaba de ser nombrada la abogada, Lcda. María del Rosario García.
Por lo que, restan las vacantes de ASSMCA, Familia, el trabajador social y el psicólogo, confirmó el DCR. Esto constituye a cuatro puestos de siete. Según el DCR, es necesario tener un mínimo de cinco miembros para reunir la JRPRRPA.
De hecho, el 25 de abril de 2022, se llevó a cabo una reunión para definir si existe el quorum requerido para constituir la JRPRRPA para la continuidad de los trabajos pendientes.
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Se determinó que no había el quorum necesario.
“Se estableció que no existe el quorum necesario para llevar a cabo una reunión de la Junta. Para que se constituya el mismo deben haber cinco (5) miembros presentes. A la reunión convocada asistieron tres (3) miembros. Los miembros ausentes fueron el Lic. Vidal Velez Diaz, quien era abogado de la Junta. Su ausencia se debió a que fue nombrado a ejercer funciones como juez, a partir del mes de enero 2021. Tampoco asistió la representante del Departamento de la Familia Sra. Maritza Maldonado Rivera, referente a la Sra. Maldonado desconocemos las razones de su ausencia”, se lee en la minuta de la reunión de esta fecha.
Aquí puede revisar el documento citado:
Minuta Reunion 25 de Abril 2022 by Metro Puerto Rico on Scribd
Durante este tiempo en el que la JRPRRPA no ha estado constituida Escobar Pabón y Bermúdez Sanabria han tenido reuniones entre ambas para asegurar la funcionalidad de los programas.
“Han ocurrido reuniones entre ambas funcionarias durante este cuatrienio, no hay minuta de las mismas. Este próximo 24 de abril, la secretaria se reunirá con la procuradora para tratar el asunto de las vacantes en la Junta y otros temas relacionados a los programas de desvío”, recalcaron por medio de declaraciones escritas.
Según los datos de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, solo dos personas fueron nombradas en todo el cuatrienio para las vacantes de la Junta Reguladora, creada bajo la disposición de la Ley 449. La licenciada García había sido nombrada en la sesión pasada y se nominó nuevamente en esta sesión, la cual acaba el 30 de junio.
“Estaría en manos del Senado de poder atender y trabajar estas nominaciones que se han hecho y atender la necesidad que se tiene de que la Junta sea constituida”, concluyó Escobar Pabón en entrevista con Metro Puerto Rico.
Más participantes en Programas de Desvío
A la par con el alza en casos de violencia de género, aumentan los participantes en programas de desvío. Desde el 2023 al momento hay 1,400 participantes en programas de desvío. En el 2022, último año con un informe anual radicado, la cifra era de 766. Es decir que se ha registrado un alza de 45 % en participación de estos programas. La opción de programa de desvío es discrecional del juez que atiende cada caso. Solamente hay una persona en el DCR para fiscalizar los programas y los servicios que se brindan a los 1,400 participantes en todo Puerto Rico.
Sin Junta, no hay mejorías
Al no estar constituida la Junta, no se pueden llevar a cabo propuestas para establecer mejorías en los programas o modificar su reglamento y currículo.
En el 2021, se otorgaron facultades al secretario de DCR para asegurar la continuidad de operaciones, en caso de que la “Junta no pueda constituirse”, esto se detalla en el el Reglamento para Evaluación y Licenciamiento de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en el Art. 30.
“Así que por eso es que con esta facultad se me confiere por reglamento a través del acuerdo de esta Junta previa— porque la Junta estaba compuesta hasta el 2020 en su totalidad— pues estamos trabajando con esta facultad que me da y por eso no se ha visto afectado […] Yo puedo trabajar con la inspección, ver las recomendaciones de persona encargada de la inspección, expedir o denegar una solicitud de licencia o renovación, según lo dispone el artículo 29 de este propio Reglamento. Y a su vez también puedo, bajo circunstancias antes descritas, fiscalizar, autorizar o denegar. Pero no es puramente o estrictamente una determinación del DCR. Esos currículos y esos procesos de las guías tiene que haber un componente integrado (la Junta Reguladora), lo que es un psicólogo, un representante del Departamento de la Familia, un representante de la Procuraduría de la Mujer e impulsando el plan de mejora tanto de parte del (Departamento) Familia y un trabajador social, abogado”, detalló la secretaria Escobar Pabón.
La oficial de cumplimiento de las iniciativas del comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Ileana Espada, dijo en la conferencia de prensa que, en efecto, es aspecto operacional continúa, por la facultad que le otorga el del reglamento a la secretaria del DCR.
“En cuanto al licenciamiento hay un reglamento que empezó en vigor hace varios años, un reglamento nuevo, donde indica que, si no hubiese junta, por ponerle el ejemplo, no es que los programas queden en el vacío, porque eso es algo que el gobernador ha sido bien enfático. Le corresponde a la Secretaría de Corrección y Rehabilitación supervisar esos programas”, comunicó.
No obstante, como indicó Escobar Pabón, tal facultad no permite que se modifiquen los reglamentos y currículos de los programas, el cual no se altera desde el año 2008.
Ante todos los casos de violencia de género y reincidencias de agresores que fueron parte del programa de desvío, Escobar Pabón insistió en que es apremiante constituir la Junta.
“Estamos dirigidos ahora a revisar, actualizar las guías y los currículos existentes, porque hay que atemperar lo las nuevas leyes aprobadas [...] Estamos trabajando y tratando de acelerar, obviamente, los nombramientos que están pendientes“, afirmó.
La fiscalización de los programas
Durante este tiempo, la Coordinadora de la División Programas Comunitarios del DCR, Selma M. Ríos Calderón, es quien supervisa los 23 programas de desvío; 18 son entidades privadas licenciadas por el DCR y cinco (5) son de la agencia misma.
Si el programa no cumple con las guías de licenciamiento, no logra una aprobación. Según notificaron, cuando la Junta estaba constituida, a tres programas se les denegó la licencia.
“Depende de cada caso. Tengo técnicos de servicios socio penales a nivel isla y tengo participantes cerca de 1,400 participantes a nivel isla, así que en cualquier momento puede haber visitas o diarias de diferentes técnicos o puede ser cada dos semanas mensual. Todo depende”, manifestó la titular de Corrección.
Algunas de estas visitas son anunciadas, otras sorpresivas.
Cada tratamiento de los participantes es individualizado y es requisito obtener terapia psicológica. Por lo general, tienen que completar 52 sesiones de consultoría y 12 sesiones adicionales que son individuales.
Ríos Calderón, junto a los técnicos de servicios socio penales, confirman que las licencias y la documentación estén al día. Asimismo, evalúan que los participantes cumplan con lo estipulado por el juez en su determinado caso.
El currículo de los programas, que data del 2008, tiene tres fases; la primera, Cernimiento, Evaluación y Preparación; la segunda, Reeducación y Cambio; y la tercera, Seguimiento y Fortalecimiento.
En caso de que el participante esté en uno de los programas privados, el sujeto costea sus terapias.
Las reincidencias, comisiones de nuevos delitos o violaciones de condiciones
De acuerdo con las estadísticas provistas por el DCR, entre el 2023 y el 2024, cinco participantes fueron recovados por comisión de nuevos delitos.
Otros 13 participantes también están en esta categoría, pero son casos de otros años en arrastre.
Según la secretaria, 12 participantes cometieron una violación de condiciones, otros 12 son de otros años en arrastre.
Estos datos se reflejan en arrastre, es decir, dependiendo de cuándo comenzó el individuo sus terapias. Por lo que no constituye a un comienzo por año natural, sino que corresponde al momento desde la resolución del caso.
“Estas personas están siendo supervisadas por funcionarios del DCR en su proceso de supervisión de las resoluciones y probando y a su vez las investigaciones, pues nosotros también actuamos y e intervenimos para notificarle a los Tribunales cuál es el progreso del participante. Es el tribunal el que tiene la última palabra de actuar sobre esas personas. Nosotros cumplimos con las condiciones generales y especiales que emite el Tribunal en términos de supervisión del individuo”, reiteró la secretaria del DCR, indicando que, en instancias, se les recomienda a que se les extienda el tratamiento a algunos participantes.
