“Servicios de salud mental al garete”, “Investiga la Cámara en medio de alegada deficiencias cumplimiento de aseguradoras bajo ASES en los servicios de salud mental”, “Servicios de salud mental en Plan Vital son un monopolio deficiente”; “Medida busca eliminar monopolio en salud mental”.
Estos son titulares en la prensa puertorriqueña de los años 2014, 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Pero recién iniciado este año 2024, la desaparición de Christian Rafael Mayans Rodríguez puso rostro a la crisis en los servicios de salud mental bajo el Plan Vital que se denuncia desde hace una década.
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El denominador común todos estos años es la empresa subcontratada bajo delegación para proveer los servicios de salud mental por prácticamente todas las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del gobierno, o Plan Vital: APS Healthcare.
La desaparición del hombre de 29 años, paciente de salud mental, provocó la activación del Alerta Ashanti y eventualmente una investigación a APS Healthcare por parte de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA).
Sandra Rodríguez, madre del joven, no titubea al calificar como pésimo e “irresponsable” el manejo de APS. Según explicó, su hijo solo recibió por dos años atenciones de un médco generalista o una secretaria, quienes le administraban los medicamentos. “Yo entendía que no le estaban dando los medicamentos que él necesitaba, ya que un generalista sabe un poquito de todo, pero no como un psiquiatra”, sostuvo.
Durante ese período Mayans Rodríguez solo vio a un psicólogo y a un psiquiatra en una ocasión. Asimismo, su madre puntualizó que el joven llegaba dos horas antes de su cita pautada, para luego ser atendido en menos de diez minutos. “Solo le preguntaban si estaba bien con sus medicamentos y era: ‘toma tus pastillas, toma tu referido y vete’. A veces se las enviaban por email y listo […] Ellos van a cobrar como quiera, por eso no se esmeran”, opinó.
A juicio de esta madre, la falta de un tratamiento y trato adecuado provocó un desánimo y descontrol en el joven. “Estás en un lugar y no estás siendo evaluado como debe ser. El muchacho busca los medios, él no tiene transportación y no tiene cómo llegar, busca los medios para que entonces llegue una persona y, ¿no me lo atienda? Él llega frustrado: ‘Es siempre lo mismo mami, no me vio nadie y me dieron la receta y ya”, sostuvo.
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Ahora con la atención mediática que despertó la desaparición de su hijo y una pesquisa en curso, el trato ha cambiado. En menos de una semana, personal de APS ha llamado en siete ocasiones.
“En casi dos años, ellos nunca me habían llamado. Christian se me había descompensado en tres ocasiones. […] Estoy molesta. Están jugando con la salud de mi hijo, porque si de verdad les importara, me hubiesen llamado hace un año y pico atrás cuando le dio la primera crisis. ¿Por qué no lo hicieron antes y lo están haciendo ahora?”, cuestionó.
Queja que se repite
No obstante, Rodríguez no es la única madre que lucha con el sistema para obtener servicios de salud mental apropiados para su hijo.
Dyane Nieves, natural de Naranjito, comunicó a Metro que lleva meses intentando que su hijo de 16 años obtenga una cita en las clínicas de APS. Esto no ha sido posible, ya que Nieves es madre soltera y APS insiste en que el padre del menor acuda a las oficinas para entonces coordinar una cita para el adolescente. El padre del joven reside en Estados Unidos.
Punto de vista del proveedor
El psicólogo y traumatólogo clínico, David Alcalá, califica a la aseguradora APS como “lo peor”. Además, apuntó que la compañía tiene “demasiado poder”.
Esto se debe a que casi todas las aseguradoras bajo el plan de salud del gobierno dependen de APS para proveer los servicios de salud mental en el archipiélago. Lo que dice desemboca en que “APS sea intocable”. A su juicio es necesario tener más entidades delegadas para mejorar el sistema.
Aunque han “mejorado un poquito” y el pago de las tarifas a los profesionales aumentó, dijo que la comunicación con APS es casi inexistente, el proceso de reclamaciones es dificultoso y la contratación de nuevos proveedores tarda cerca de seis meses.
Asimismo, informó que escucha diariamente que los tratos que reciben los pacientes en las clínicas de APS son “devastadores” y por ello, los psicólogos con clínicas privadas están saturados, pues los ciudadanos prefieren los servicios fuera de los centros de APS.
“Tengo pacientes en mi oficina que han ido a la APS, llegan allí a las 8:00 a. m., y salen a las 5:00 p. m. La primera evaluación la hace un trabajador social —esa persona determina si necesitas una atención psicológica—, tienes médicos generalistas prescribiendo medicamentos de salud mental”, afirmó.
Tanto así, que el profesional llegó aconsejar a sus pacientes a salir de APS, pues el estar en las clínicas les hacía “más daño que bien”.
“La Ley HIPAA no se respeta en esa clínica. Los psiquiatras –—por burnout— los tratan despectivos, los maltratan y llegan más descompensados que por sus propios problemas. Me dicen constantemente: ‘No quiero volver allí, me trataron mal’”, sostuvo Alcalá, quien aseguró que el servicio se limita a entregar una receta, cuando en su opinión, una psicoterapia puede brindar alivio en lugar de “empeparlo de la primera”.
Larga trayectoria de señalamientos
En el 2022 fue filtrado un informe de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) con señalamientos contra la compañía delegada que maneja los servicios de salud mental en Plan Vital.
En el escrito se detallaba que había deficiencias en el servicio, pobre acceso a los tratamientos, limitación en los pagos a los psicólogos, falta de psiquiatras y mínima calidad de atención, entre otros.
El psicólogo Alcalá apuntó a que el documento se intentó esconder en un inicio para “proteger a APS”. “El gobierno sabe lo que pasa. APS tiene demasiado control. Es un monstruo. La salud mental está a merced de APS”, argumentó.
Previo a ese informe del 2022, en el año 2014, la entonces senadora del Partido Popular Democrático, Rossana López, publicó la conclusión de una investigación legislativa que revelaba el mismo panorama sobre los servicios de APS. Concluyó que ASES y ASSMCA no monitoreaban la entidad e incumplían con responsabilidades estipuladas en sus contratos.
Diez años más tarde, la doctora en Política Social y Administración dijo a Metro que la falta de atención a los hallazgos de la investigación que publicó en el 2014 se refleja en las situaciones actuales. “Si ASES hiciera su trabajo de monitorear la cantidad y la calidad, esto no pasase. Hay incumplimiento de contrato. […] mientras estaba, tenía seguimientos casi mensual para que ellos hicieran su trabajo de calidad y cantidad de servicio, porque hay una responsabilidad del Estado y la Legislatura a darle seguimiento a las situaciones que se están dando”, expresó López.
La también excandidata a la alcaldía de San Juan coincidió con señalamientos públicos de que APS opera básicamente como un “monopolio”.
Para lograr un cambio real, opinó que es necesario tener un ente externo que fiscalice en búsqueda de alcanzar un cambio estructural en el sistema de salud.
ASSMCA investiga
La administradora de ASSMCA, Carmen Bonet, confirmó que están en la segunda fase de la investigación de APS sobre el caso del joven Mayans Rodríguez.
La pesquisa busca analizar los “estándares de calidad, si hay un incumplimiento al plan individualizado de tratamiento o de alguna de las responsabilidades de APS y si existe una deficiencia” de cómo llevaron a cabo el tratamiento del joven. No entró en mayores detalles por la ley de privacidad HIPPA.
Ante los señalamientos del pasado a APS y que aún prevalecen, la administradora aseveró que no han recibido muchas querellas. Pero dijo que “siempre” ejecutan requerimientos de información.
Metro cuestionó sobre los reclamos de la familia de Mayans Rodríguez, a lo que la administradora enfatizó que es “importante” buscar otras opciones de tratamiento y reconocer las señales de cuando un paciente está en riesgo de una crisis.
La administradora reiteró que “no solamente está APS”, sino que existen otras opciones de tratamiento como el de llegar a una sala de emergencia. Fuera de una situación de urgencia, para los pacientes de Plan Vital la opción casi exclusiva es APS.
Asimismo, otro experto en salud mental consultado por Metro que prefirió mantenerse en el anonimato destacó que en una sala de emergencia se puede estabilizar “muy temporeramente” a un paciente de salud mental, “pero allí no va a recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. Lo dice el nombre ‘sala de emergencia’ y a menos que sea en un hospital psiquiátrico, no es un lugar para recibir tratamiento para un trastorno de salud mental”.
Mientras, Bonet aseguró que la red de proveedores de APS tiene citas disponibles con psicólogos.
Informe de ASES del 2022 no es oficial para ASSMCA
En respuesta al informe del 2022, la administradora de ASSMCA indicó que el documento no se puede utilizar como referente, pues no era un documento oficial ni que llegó a las manos de la agencia.
“Yo recién llego, pero por lo que he escuchado es que ese informe nunca se ha recibido en ASSMCA. Se tuvo conocimiento a través de la prensa. No es un informe que este firmado, que haya sido oficial. ASES podría dar más información relacionado a lo que es el informe, pues aparentemente es de ASES. […] No tenemos constancia sobre las quejas de servicio porque no llegaron instrumentos, ni detalles de la investigación exacta, no llegó firmada, no hay metodología de cómo fue la investigación”, respondió.
Luego de estos señalamientos, Bonnet indicó que ASSMCA estuvo trabajando con APS para expandir la red de proveedores para poder facilitar el acceso.
La administradora exhortó a los ciudadanos a que sometan querellas a la agencia, de considerar que es lo necesario.
¿Qué podría suceder después de la investigación?
Al preguntar sobre cuándo podrían terminar la pesquisa en el caso del joven Mayans Rodríguez, la agencia indicó que dejarán saber cuando culmine si existe un plan de acción. De encontrar un incumplimiento por parte de la compañía delegada, la agencia puede multar a APS desde $600 hasta $5,000.
“Esto no se quedará así, seguiremos con requerimientos de información y seguiremos el esfuerzo de evaluar cada año”, subrayó.
APS apuesta a los servicios que ofrecen y niegan denuncias
La vicepresidenta de Asuntos Clínicos de APS, Wendy Fernández y el presidente, Jorge Massa, confirmaron a este medio que ASSMCA solicitó unos documentos como parte de la auditoría que lleva a cabo la agencia.
“Tenemos una muy buena relación con ASSMCA. Le ofrecimos todos los documentos solicitados. Lo que nos soliciten, vamos a proveer. Lo que procede es que tendremos una reunión, en la medida que van evaluando la información. (Se) estarán haciendo intervenciones. No es la primera vez que APS es auditado y no solo por ASSMCA”, expresó Fernández.
Ambos establecieron que los documentos que la agencia requirió no están relacionados a un caso aislado, sino que obtuvieron información variada y de diferentes expedientes.
En medio de esta investigación, las críticas a APS continúan y ante esto, los portavoces aseguran que toda compañía que preste servicios está sujeta a insatisfacción. “En las clínicas la ventaja que tenemos es que hay un equipo multidisciplinario. Eso hace que el servicio sea más robusto en ese sentido. Todos los profesionales diseñan un tratamiento en conjunto y en beneficio del paciente”, alegó Fernández.
Ante esa aseveración, el experto en salud mental consultado por Metro, afirmó que un equipo multidisciplinario debería tener la capacidad de atender un amplio y diverso número de pacientes con una compleja diversidad de trastornos mentales, “pero al presente la empresa no está realizando su labor efectivamente. Las historias son las mismas y se repiten; el servicio en APS es deficiente y esto pone en riesgo la salud mental y hasta la vida de miles de puertorriqueños”.
Rechazan señalamientos del informe del 2022
Del mismo modo, los ejecutivos de APS rechazaron las denuncias del informe del 2022 por parte de ASES, así como las aseveraciones de que hay listas de espera en sus centros de servicio.
“Es informe nunca se publicó, fue un borrador, que aparentemente se trabajó en una de las agencias. El informe tenía incongruencias, tenía muchos errores. Realmente ese informe no reflejaba la realidad de lo que es el servicio de APS, sino la red general de los servicios de salud mental. No estaba bien hecho, por eso nunca fue publicado ni fue dado como un hecho”, argumentó Fernández.
“Nuestras clínicas no tienen una lista de espera. Tenemos servicios en todas las clínicas […] Un paciente que llega es un paciente que le vamos a dar una cita, si tienen una emergencia le vamos a ayudar a recibir lo que necesite”, sostuvo Fernández.
Insistió que se trata de “un acceso bastante amplio por su equipo multidisciplinario” y que los comentarios negativos de APS pueden venir de una “perspectiva no basada en esa visión multidisciplinaria”. “Puedo dar por hecho que APS hace todo lo que tiene a su alcance, siempre ha demostrado el compromiso que tiene”, finalizó Massa.
Vínculos políticos
Una búsqueda de Metro en el portal del Contralor Electoral reflejó que miembros de la familia Artau, dueños de APS y otras empresas de salud, son donantes activos de candidatos tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático.
