La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la licenciada Lillian Aponte Dones, aseguró hoy, domingo, que el adiestramiento que ofreció la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), la licenciada Vanessa Santo Domingo Cruz, a los funcionarios electores para orientar sobre el proceso de recusación, tiene como finalidad “suprimir el derecho al voto”.
En la tarde de ayer, la comisionada electoral novoprogresista adelantó que se identificarán a los electores que no residen en las direcciones que aparecen registradas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que el derecho al voto esté garantizado a los electores hábiles por cada distrito representativo y los municipios.
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El pasado mes de octubre, el senador del PNP, Juan Oscar Morales, indicó en Notiuno 630AM que se llevaría a cabo una pesquisa contra el MVC sobre la movilización de electores a la ciudad capital en las elecciones de 2020.
De acuerdo con Morales, el MVC inscribió a electores de otros pueblos en sectores como Santa Rita, Venus Gardesn, Montecarlo y entre otros. Por esa razón, el legislador aseguró que recusarían a estos votantes.
“Sí, pudimos identificar que, específicamente en el municipio de San Juan, hay electores que hicieron transferencias o se inscribieron a votar en dicho municipio. Cuando se fueron a visitar las propiedades, en las cuales ellos alegaban que allí era su domicilio electoral, esas propiedades estaban abandonadas”, confirmó Santo Domingo Cruz en entrevista con Metro Puerto Rico.
Luego del anuncio de este adiestramiento, Aponte Dones emitió declaraciones escritas a este medio donde sostienen que el énfasis de la Palma debería ser “fomentar la participación electoral y educar al electorado de sus datos”.
Además, subrayó que este proceso de recusación implica “suprimir el derecho al voto”, socava el ejercicio efectivo del voto y debilita la confianza de la “ciudadanía en la transparencia que debe permear en todo el proceso electoral”.
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Santo Domingo Cruz sostiene que es lo contrario, que buscan a que estos electores “voten en el lugar que le corresponde” y que los ciudadanos de su municipio sean quiénes “escojan a su alcalde”.
“Por ejemplo, yo vivo en Guaynabo. ¿Estaría correcto yo decir que tengo un domicilio en San Juan y votar por el alcalde de San Juan? Cuando donde yo resido es en Guaynabo. Yo creo que la contestación debe ser a que debo de votar en Guaynabo y no en San Juan”, ejemplificó.
De la misma forma, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana señaló que el PNP presentó candidatos que “han votado fuera de sus propios precintos electorales”.
“Durante el proceso de evaluación, pudimos confirmar que el juez Rivera Rueda, nominado en dos ocasiones para presidir la CEE, violó el Código Electoral al votar en un municipio distinto al de su residencia durante los comicios electorales de 2020. Más, a éstos no se les recusa”, puntualizó Aponte Dones.
La comisionada electoral del PNP instó a que, en aquel momento, el domicilio electoral del Rivera Rueda ubicaba en Cidra.
“El juez Rivera Rueda fue a una entrevista en la Comisión y explicó que en ese momento su domicilio electoral ubicaba en Cidra, el juez Rivera Rueda votaba en Cidra. No fue que tuvo la intención de mudarse a votar en Cidra siendo residente de otro municipio para darle ventaja a un candidato sobre eso”, manifestó Santo Domingo Cruz.
Asimismo, la licenciada argumentó que esta “retórica” es para “tergivesar” la información que ofreció Rivera Rueda.
“No pueden justificar algún error en sus candidatos, diciendo que los candidatos del PNP lo hacen porque eso no justifica la mala conducta, con la mala conducta de otra”, agregó.
Por su parte, Aponte Dones añadió en su escrito que el PNP busca utilizar la CEE como “instrumento de persecución y coacción de los derechos de la oposición”.
También, instó que las Juntas de Inscripción Permanente están compuestas por miembros del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD), alegando la desvinculación de MVC de cualquier responsabilidad en decisiones tomadas en distintos ámbitos.
“El PNP carece de propuestas sólidas y está consciente de que se le está escapando el respaldo electoral. Todo ello queda evidenciado en la creación de un Código Electoral que les otorga un control casi absoluto sobre la CEE, convirtiéndose, en la práctica, en los “dueños” del ente gubernamental. De igual manera, queda evidenciado en la implementación de acciones, como la aquí denunciada”, finalizó diciendo Aponte Dones.
Partidos reaccionan al proceso de recusación
La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), la lcda. Karla Angleró, indicó que el partido comenzó estos adiestramientos el pasado mes de junio.
“Nos dimos a la tarea de identificar aquellos electores que están inscritos en Estados Unidos y a la vez tienen un registro electoral en Puerto Rico. Es lo que llamamos doble jurisdicción. […] El mismo código establece que usted pierde el asiento electoral si está inscrito en otro estado de los Estados Unidos”, aclaró.
Angleró informó que también están certificando que los votantes residan en el lugar que indican que es su domicilio electoral, a su vez, continúan trabajando con las listas del voto ausente o el voto por correo.
La licenciada argumentó que este proceso de recusación es “importantísimo”, ya que en las pasadas elecciones algunas alcadías “se perdieron por un margen bien estrecho”.
Es por ello, que analizan todas estas listas para certificar que los votos fueron legales.
Por otra parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el lcdo. Roberto Aponte Berríos, estableció que el PIP, históricamente, no se involucra en los procesos de recusación.
Aunque, aseguraban que “un PNP o PPD no fueran a recusar a una persona que tuviera todo el derecho para votar”.
“No es una práctica del PIP. Sí, en el mes de enero llevaremos a cabo adiestramientos, como hemos llevado a cabo en todo este cuatrenio, a los comisionados locales y uno de los temas que se tocará sera sobre las recusaciones. Es para asegurarse que ese elector tenga el derecho al voto como tiene que ser”, indicó.
Ante el énfasis del PNP sobre las recusaciones, Aponte Berríos aseveró que es la “mala maña del PNP” y “el desespero que tienen” busca “cortarle el derecho al elector para poder votar”.
“Es la preocupación que tienen sobre la posibilidad de un triunfo de la alianza.[…] Es un poco para meter miedo”, subrayó.
Por otro lado, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad (PD), el lcdo. Nelson Rosario, aclaró que el partido se enfocará en encontrar a esos electores con doble jurisdicción.
“Se va a concentrar en las exclusiones de los electores que no viven en Puerto Rico, no son domiciliarios en Puerto Rico, y para que no voten en las elecciones de Puerto Rico”, reveló.
