El gobernador, Pedro Pierluisi, expresó su respaldo a las intervenciones de las autoridades federales contra tres individuos quienes fueron acusados por violaciones al “Clean Water Act” en la Reserva de Bahía Jobos y la comunidad Las Mareas en Salinas.
Luego de la inauguración de un centro de envejecientes en Caguas, Pierluisi se expresó sobre los hechos.
PUBLICIDAD
El gobernador reiteró que “hay unas leyes que cumplir” ante la protección de los recursos naturales.
“Hay leyes, tanto federales como estatales, que aplican al uso y la protección de los recursos naturales. Y, cada caso se ve de acuerdo con la querella que se presenta, a la evidencia que se presenta. Ahí las autoridades federales están actuando y yo lo veo con buenos ojos por que, a fin de cuentas, hay unas leyes que hay que cumplir”, estableció.
Los imputados son Rafael Carballo-Díaz y Nathaniel Hernández-Claudio, quienes desde junio de 2018 a diciembre de 2023, son acusados de depositar ilegalmente material en las zonas húmedas y aguas de Estados Unidos.
Carballo-Díaz dirigía el negocio de hospedaje El Cacique Resort, y Hernández-Claudio fungía como anfitrión y gerente de la propiedad.
Por otro lado, los federales también acusan a Awildo Jiménez-Mercado, propietario de otro hospedaje llamado “Hidden Paradise”.
PUBLICIDAD
Jiménez también enfrenta cargos por violar el Clean Water Act y el Rivers and Harbors Act, al construir un muelle sin autorización.
Ambos establecimientos, El Cacique Resort y Hidden Paradise, ofrecían alquileres a corto plazo con piscina y áreas de comedor al aire libre.
La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, sostuvo que estas acciones son un ejemplo del compromiso que tienen con la protección de los tesoros naturales.
“La colaboración entre el DRNA y las autoridades federales es un claro mensaje a la comunidad: no toleraremos violaciones a las leyes ambientales de Puerto Rico,” enfatizó Rodríguez Vega.
La Reserva Estuarina de Jobos, designada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en 1981, abarca aproximadamente 2,800 acres de ecosistemas costeros en el sur de Puerto Rico, albergando especies en peligro como el pelícano marrón, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano.
Los acusados fueron arrestados y se presentaron ante el Juez Magistrado Marshal D. Morgan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.
De ser hallados culpables, enfrentan hasta tres años de prisión por violaciones al Clean Water Act, multas y medidas correctivas para eliminar estructuras ilícitas. Jiménez-Mercado también podría enfrentar un año adicional por violar el Rivers and Harbors Act.
El Clean Water Act, promulgado en 1972, busca proteger las aguas de Estados Unidos y prohíbe el vertido de cualquier contaminante sin permiso.
El Rivers and Harbors Act, en vigor desde 1899, regula las aguas navegables y prohíbe la construcción no autorizada en ellas. Ambas leyes salvaguardan las aguas costeras dentro de la Reserva Estuarina de Jobos.
