Empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) protestaron hoy, miércoles, frente a La Fortaleza para exigir el pago de las pensiones y denunciado los aumentos en la factura de la luz.
Los miembros del sector energético del país cumplieron dos años de protestas semanales reclamando que se garanticen sus pensiones, pues el sistema de retiro de estos empleados públicos se encuentra ‘en el limbo’ en cuanto a fondos para cumplir con sus responsabilidades fiduciarias con los aproximadamente 11,000 jubilados que componen el sistema, según este medio.
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“Desde mayo, dependemos de que la Junta de Control Fiscal instruya a la Autoridad de Energía Eléctrica a sacar de su presupuesto la nómina de pensionados mes a mes. No como era antes que era un sistema completamente solvente”, explicó Ronald Vázquez, presidente del Capítulo de Jubilados de la UTIER.
“Más de la mitad de los jubilados actuales tenemos sobre 70 años de edad, y ¿a dónde vamos a irnos a buscar una fuente de ingresos, un empleo? En un lugar donde apenas hay empleo, y mucho menos para personas que no dan toda la productividad que dábamos cuando éramos jóvenes”, dijo el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz.
Asistieron, a la manifestación convocada por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la AJAEE, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Asociación de Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEG-AEE) y el Distrito Autónomo Antonio Lucchetti (DAAL).
Además, dijo presente el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkohl.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó su tercera enmienda al Plan de Ajuste de la Deuda para la AEE en agosto de este año. Esta última propuesta busca reducir la deuda de bonos de la AEE de $8.3 mil millones a $2.3 mil millones, lo que representa una reducción del 72 por ciento. La carga de estos pagos, sin embargo, todavía recae directamente sobre los consumidores a través de aumentos en su factura de electricidad.
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La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito, publicó un informe donde aseguran que el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE continúa siendo insostenible para el desarrollo económico del país y el sistema energético.
“Venimos a reclamarle acción porque el gobernador ha tenido sobre su escritorio dos proyectos de leyes – el 1383 y el 906 – que, conforme al Plan de Ajuste de la Deuda, asegurarían nuestras pensiones, nuestro Sistema de Retiro y establecerían un parámetro para el costo del kilovatio de electricidad. Sin embargo, esos dos proyectos él los vetó”, expresó Vázquez.
El Proyecto del Senado 906, radicado en mayo de 2022, buscaba garantizar el pago de las pensiones de los servidores públicos, fortalecer la estabilidad financiera de la AEE, devolverle facultades a la Comisión de Energía y establecer los términos para las emisiones de bonos de la AEE.
El Proyecto de la Cámara 1383 pretendía establecer la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE”. Esta fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, debido a que “La Ley PROMESA ocupa el campo en todo lo que concierne la restructuración de las deudas de la AEE. Las disposiciones de esta medida contradicen expresamente la Ley PROMESA y son contrarias a las determinaciones del Tribunal de Titulo Ill en el pleito sobre la Ley para un Retiro Digno”.
Unos 12,000 jubilados se benefician del sistema de retiro de la AEE, y 4,000 trabajadores activos aportan al plan.
“Tenemos compañeros y compañeras con ataques de ansiedad, con ataques de pánico por toda esta situación que crea problemas emocionales y obviamente problemas económicos”, aseguró Vázquez.
El presidente de la UTIER, Josué Mitjá, expresó que “los bonistas sabían el riesgo que había. No pueden pretender poner más aumentos a la factura de la luz con la excusa de que es para pagar pensiones porque eso no es cierto. Hay que hacerle justicia a nuestra gente y el gobernador tiene en sus manos si realmente tiene la voluntad de hacerle justicia al pueblo”.
El pasado viernes, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó una solicitud de la empresa LUMA Energy para el aumento en la factura del servicio de los clientes.
Según la moción presentada por el NEPR, a partir del 1 de octubre, la factura de los clientes aumentará en 0.23 centavos por kilovatio hora.
“Cuando se privatizó la administración del sistema eléctrico se prometió que iba a haber ahorros, y que esos ahorros se iban a traducir en la reducción de la tarifa eléctrica. Lo que ha ocurrido es lo opuesto: más gastos en el sistema eléctrico, más ineficiencia y más aumentos”, aseveró Bernabe Riefkohl.
“El gobernador Pierluisi y otros gobernantes en Puerto Rico han demostrado que no tienen la voluntad de enfrentar a los bonistas. La deuda de Energía Eléctrica era $8,000 millones. Se ha logrado reducir a $2,000 millones. Se decía que esa reducción era imposible”, continuó.
