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Gobierno de P. R. demanda por fraude al principal proveedor de préstamos estudiantiles

El Departamento de Justicia imputa a la empresa Navient una serie de irregularidades que causó daños a miles de estudiantes en la isla

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(designer491/Getty Images/iStockphoto)

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El Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) demandó, por supuesto fraude y prácticas engañosas, al principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, la empresa Navient Solutions, anteriormente conocida como Sallie Mae.

La demanda exige la cancelación de millones de dólares adeudados por los alumnos, entre otros remedios.

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Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, al menos 20,000 estudiantes residentes de la isla obtuvieron servicios de Navient, quienes pudieron haberse afectado por lo que llamó actuaciones indebidas de la compañía. Indicó que las deudas e intereses acumulados podrían alcanzar los $12 millones.

En la demanda, el DJ argumenta que la entidad administradora de préstamos federales y privados ha incurrido en prácticas injustas, engañosas y abusivas bajo las leyes, estatales y federales, “en perjuicio de los estudiantes que tomaron préstamos para poder realizar estudios universitarios”. Además, indica que sus procesos “ambiguos e incorrectos y los errores en la prestación de servicios” han tenido repercusiones negativas sobre las finanzas, el crédito y la vida de los estudiantes deudores.

Entre los remedios que solicita el DJ se encuentran: alivios en las deudas, e incluso la cancelación de los préstamos, “cuyos balances aumentaron debido a los errores en la prestación de servicios y la concesión inapropiada de préstamos por parte de Navient”; la reparación del historial de crédito de los estudiantes cuyo crédito fue afectado por Navient y la restitución de dinero para aquellos estudiantes que hicieron pagos de más a causa de las acciones de Navient y penalidades civiles.

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Entre las prácticas irregulares de Navient planteadas en la demanda figura la originación de préstamos de alto riesgo, conocidos como subprime, a sabiendas de que los estudiantes no tenían la capacidad de repago, “para luego incurrir en gestiones de cobro agresivas, arruinando de paso la vida de los estudiantes en el proceso”.

Otra de las alegaciones es que la empresa inducía a los estudiantes que tenían dificultades para abonar a los préstamos a hacer acuerdos de pago diferidos o forbearance, en lugar de hacerles planes de pago a base de sus ingresos, lo que se conoce como income-driven repayment program (IDR), que podían resultar más favorables en la mayoría de los casos. Bajo el llamado forbearance se aplazaban los pagos por un tiempo, pero durante ese lapso seguían acumulándose los intereses y los estudiantes terminaban pagando mensualidades significativamente más altas que las originalmente pactadas.

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De igual forma, se alega que Navient, que administró préstamos federales hasta el año 2021, deliberadamente fallaba en informar a los deudores las fechas en que debían renovar o recertificar sus planes de pago, con lo cual los exponía a consecuencias irreversibles, tales como incrementos sustanciales en las mensualidades y la pérdida de subsidios federales para el pago de intereses, entre otros. “Como consecuencia de esta mala práctica, el 60% de los estudiantes deudores no cumplieron a tiempo con las recertificaciones”.

La demanda, presentada por el DJ a través de su Secretaría de Asuntos Monopolísticos, en representación del Gobierno de Puerto Rico, el pasado viernes, 18 de agosto, en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, sostiene que Navient engañaba a los estudiantes sobre los términos para el relevo de los co-deudores de los préstamos. “Además, Navient tenía procesos sumamente ambiguos y opacos que resultaban en errores en la aplicación de los pagos, particularmente cuando un estudiante tenía varios préstamos, lo que resultaban en recargos indebidos, aumentos en los intereses e informes de crédito negativos”.

“A través de esta conducta fraudulenta, Navient ha abusado de muchos de los estudiantes en la isla que han visto en los préstamos estudiantiles un mecanismo para obtener un título académico con la esperanza de tener libertad económica. Sin embargo, mediante el engaño, les han colocado una carga onerosa e injusta”, recalcó el secretario de Justicia, quien sostuvo que un número “significativo de estudiantes puertorriqueños” se podrán beneficiar con la demanda.

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